El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que la suspensión de la jornada de 35 horas de los funcionarios es «inmediata» después de que el Tribunal Constitucional haya decidido su suspensión cautelar, aunque cree que la región ganará «el conflicto» de mano de los trabajadores.
Así lo ha asegurado el consejero en declaraciones a los medios momentos antes de reunirse con los sindicatos para informales del recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite, donde ha asegurado que «se ha consumado la amenaza» por parte del Gobierno en funciones.
Una «amenaza» que, según el consejero, «tiene toda la pinta» de que ha sido la expresidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal la que la «ha forzado». «Queda de manifiesto que la soberbia de Cospedal cuando era presienta del Gobierno regional se ha transformado en rencor ahora que está en la oposición», ha indicado.
No obstante, ha indicado que los gabinetes jurídicos del Gobierno castellano-manchego se van a coordinar con los gabinetes jurídicos de los sindicatos para hacer las alegaciones pertinentes con el fin de «defender un derecho que habían perdido los trabajadores y que se había recuperado».
«Es un día triste para los trabajadores y para el Gobierno regional, que cuando intenta recuperar derechos de los trabajadores se ponen palos en la ruedas y se nos impide tirar para adelante», ha lamentado, para añadir que «es extraño» que un Gobierno en funciones presente un recurso de esta naturaleza, teniendo en cuenta que tenía de plazo hasta el 17 de septiembre.
Al mismo tiempo, ha apuntado que no le extrañaría que la reducción de la jornada laboral fuera una propuesta que pudiera hacer el PP en campaña electoral porque son «muchos» los gobierno ‘populares’ de otras regiones los que la están reclamando.
A preguntas de los medios, Ruiz Molina ha concretado que los funcionarios de la región tendrán que volver a la anterior jornada laboral al día siguiente o el mismo día de la publicación de la suspensión en el Boletín Oficial del Estado. La Junta tiene 15 días para hacer alegaciones sobre el fondo y también para pedir que se levante la suspensión.
También ha señalado que con los profesionales ya contratado hay el compromiso de que se queden en su puesto de trabajo y que no serán despedidos, y que los que la Junta se ha comprometido a contratar están contemplados en los presupuestos, por lo que ha dicho que seguirá la contratación.
