El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, abordará esta semana o la que viene «con carácter inmediato» la ronda de contactos con las fuerzas políticas de la región para abordar un consenso en la financiación autonómica.
Así lo ha indicado este martes en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha señalado que el Gobierno regional está preparando el documento de principios que presentará a los partidos.
En este sentido, ha concretado que el Gobierno regional quiere que el modelo de financiación garantice la suficiencia de recursos para financiar las competencias asumidas por las comunidades autónomas y que se mantenga en el tiempo y evolucione en función de cómo se incrementen los ingresos del Estado.
Con todo, la Junta quiere ponerse de acuerdo con los partidos en que el nuevo modelo de financiación ponga sobre la mesa los costes reales en que se incurre en el conjunto de las comunidades autónomas por la prestación de los servicios, teniendo en cuenta variables como la superficie, la dispersión, la densidad de población o el envejecimiento.
También propondrá que se haga efectivo el principio de solidaridad. «Hay que reformular las variables en función de las cuales se reparte el fondo de compensación interterritorial y queremos que se dote adecuadamente», ha señalado el titular de la Hacienda castellano-manchega.
LEALTAD INSTITUCIONAL
Otra propuesta a los partidos por parte de la Junta es que se haga efectivo el principio de lealtad institucional. Algo que, según Ruiz Molina, significa que si el Estado toma decisiones que pasen por «mermar» la capacidad de las comunidades autónomas, «se las compense adecuadamente».
El Gobierno regional quiere igualmente que el modelo de financiación se negocie en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, huyendo así de cualquier tipo de negociación bilateral por si «el Gobierno de la nación tuviera algún tipo de tentaciones».
«Sería deseable que desde Castilla-La Mancha, como ha hecho por ejemplo Castilla y León, tuviéramos una única voz en la defensa de los intereses ya no solo de la financiación de la Comunidad Autónoma sino de los ciudadanos de la región», ha concluido.
