El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la contratación, por un valor de más de 17 millones de euros en los próximos 15 años, de la sustitución del sistema de calefacción de 53 centros educativos de la región para que a través de la biomasa sean más eficientes y más limpios energéticamente.
La decisión obedece a que “algunas de estas instalaciones tienen calderas de gasóleo obsoletas y su eficiencia energética puede considerarse en muchos casos mejorable”, ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, que ha añadido que “esta situación conlleva en ocasiones un gasto excesivo de combustible, falta de confort, contaminación atmosférica, y averías”.
Hernando ha detallado que la mayoría de los centros en los que se va a proceder a contratar la gestión de sus servicios energéticos son institutos de Educación Secundaria y ha añadido que, en función de la antigüedad de las calefacciones y de sus bajos rendimientos energéticos, se han fijado 11 lotes en los que están distribuidos estos 54 centros educativos.
Las empresas concesionarias no sólo van a llevar a cabo la instalación de generación de calor por otra nueva de moderna generación y que consuma combustible de tipo biomasa de la zona, sino que también, tal y como ha explicado el portavoz, van “a hacerse cargo del mantenimiento preventivo y correctivo de toda instalación, de tal forma que se encuentre en todo momento operativa y en las mejores condiciones posibles”.
También, ha añadido, deberán “asegurar que su gestión energética debe comprender el suministro de combustibles para el funcionamiento de la instalación, abonando el precio de lo consumido sin cargo adicional sobre el precio del contrato”. El objetivo del Gobierno regional, ha precisado el portavoz, es que para el próximo curso las nuevas instalaciones de estos 53 centros estén en funcionamiento, así como su eficiencia y mantenimiento aseguradas.
Los centros en los que se actuarán están en Albacete, Hellín, Casas Ibáñez y La Roda; en Toledo, Quintanar de la Orden. Ocaña, Santa Cruz de la Zarza, Illescas, Mora y Fuensalida; en Cuenca, Quintanar del Rey, Belmonte, Las Pedroñeras, San Clemente, Mota del Cuervo, Cañete, Motilla del Palancar, Sisante y Tarancón; en Ciudad Real, Manzanares, Socuéllamos, Tomelloso, Almodóvar del Campo, Puertollano y Valdepeñas; en Guadalajara, Cifuentes, Molina de Aragón, Azuqueca de Henares, Mondéjar, Sacedón y Sigüenza.
Subvenciones para la atención a personas con discapacidad
Asimismo, Hernando ha informado de la toma en conocimiento de la orden de la Consejería de Bienestar Social que establece las bases reguladoras de subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y el desarrollo de programas de atención a personas con discapacidad, y de las bases reguladoras de subvenciones a entidades locales en el ámbito de atención a las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.
El portavoz regional ha explicado que, en el caso de la orden de bases a entidades privadas, el fin es “establecer criterios y el procedimiento de concesión de ayudas para colaborar en el mantenimiento de los centros y servicios sociales de carácter especializado gestionados por entidades privadas de iniciativa social integradas en su mayor parte en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de la región (CERMI)”, entidad que, ha anunciado, protagonizará el Consejo de Gobierno abierto que se celebrará la próxima semana.
Hernando ha explicado que estas ayudas beneficiarán a 156 entidades de iniciativa social que trabajan en este ámbito y que concurrieron a la convocatoria de este ejercicio 2016, y beneficiará a más de 7.800 familias con personas con discapacidad en la región. Con esta orden “se pretende consolidar la red de recursos especializados de atención a las personas con discapacidad en la región, como muestra de la importancia y prioridad que el colectivo de personas con discapacidad y sus familias tienen para el Gobierno regional”, ha confirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico.
De hecho, este año, se ha resuelto una convocatoria a entidades sin ánimo de lucro que ha ascendido a cerca de 41 millones de euros y que ha permitido mantener 76 centros de día y ocupacionales con un total de 2.585 plazas; 98 centros residenciales con 1.264 plazas y 35 centros de atención temprana y desarrollo infantil que atienden a más de 3.900 familias con hijos con dificultades en su desarrollo, con lo que la financiación de los proyectos presentados ha permitido atender a un total de más de 7.800 familias.
Por su parte, la orden de bases a entidades locales tiene como objetivo convocar las ayudas o subvenciones para ayuntamientos, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de centros de atención a personas con discapacidad, “en especial aquellas que necesitan una mayor atención debido a su mayor grado de dependencia”, ha especificado.
Con el objetivo de prestar un buen servicio de atención directa y de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, estas subvenciones irán dirigidas a cofinanciar los gastos de personal y mantenimiento de viviendas con apoyo, residencias, centros ocupacionales, centros de día y centros de desarrollo infantil y atención temprana.
En 2016, han sido 31 las entidades locales titulares de centros que han recibido ayudas de esta convocatoria, por una cuantía de casi 7 millones de euros, que han servido para financiar 50 programas en 14 centros de día, 26 centros ocupacionales, 9 recursos residenciales y 6 centros de atención temprana y desarrollo infantil, beneficiando a un total de 1.400 familias de personas con discapacidad en la región. El objetivo es que “se sientan respaldados por el Gobierno regional y no se sientan abandonados”, ha subrayado el portavoz.
Se recuperan las ayudas a la Confederación de Consumidores y Usuarios
Por último, Hernando también ha dado cuenta de la aprobación de un Decreto que recupera después de 5 años la concesión directa de subvenciones al movimiento asociativo de la región para actividades de apoyo de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha por valor de 30.000 euros.
“La falta de subvenciones para entidades locales que pusieran en marcha programas de arbitraje en materia de consumo ha ocasionado la saturación de expedientes de arbitraje pendientes de tramitación administrativa”, ha explicado el portavoz, quien ha recordado que, debido a esta saturación, “se ha hecho necesaria la colaboración de la Confederación de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha para el impulso en la tramitación de los expedientes acumulados pendientes de ser tramitados”.
Así, el presente Decreto regula la concesión de una subvención de carácter excepcional a la Confederación de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha con la finalidad de contribuir a la financiación de los gastos derivados del ejercicio de sus actuaciones en materia de arbitraje de consumo durante 2016.
Esta subvención viene motivada por el carácter singular de esta función social de interés público que desarrolla, dada su necesaria e imprescindible participación en más de 400 expedientes, y dada su labor de colaboración en las acciones a realizar por la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha.
A través de esta ayuda se podrán financiar gastos de costes de personal, gastos por desplazamiento, costes de inmovilizado material, y gastos generales que en los últimos cinco años “no se han financiado ni siquiera en parte a través de la administración regional”, ha concluido el portavoz regional.
