El Gobierno regional ha registrado en las Cortes de Castilla-La Mancha el proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno para que continúe su tramitación parlamentaria.
Una vez registrada llegará a la Mesa de las Cortes, que se encarga de ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento regional, y se abrirá el plazo para que se presenten enmiendas por parte de los diferentes grupos parlamentarios y posteriormente el envío a la Comisión Parlamentaria correspondiente.
Este proyecto de Ley que se plantea va mucho más allá de la legislación básica del Estado ya que incorpora novedades importantes.
En materia de transparencia destaca el apartado de publicidad activa, en el que se incrementan las áreas a las que obliga la legislación estatal. El proyecto recoge la obligatoriedad de publicar las agendas institucionales, las relaciones de puestos de trabajo, los gastos de representación de altos cargos, los gastos en campañas de publicidad, así como la información sobre todo tipo de contratos.
En la parte del acceso a la información pública, cualquier ciudadano puede solicitar cualquier documento que se encuentre en poder de la Administración Regional, con las limitaciones que establece la legislación básica de Estado.
También se amplía la condición de alto cargo a todas aquellas personas que ejercen funciones efectivas de dirección en el ámbito del sector publico regional, sea cual sea su relación laboral con la administración. Además se establece como condición imprescindible la obligación de que todos los altos cargos realicen una declaración responsable sobre el cumplimiento de los principios de Buen Gobierno, estableciendo sanciones en caso de no hacerse.
Por otra parte, Castilla-La Mancha regulará los Grupos de Interés, que estarán obligados a inscribirse en un registro e informar de cuáles son sus objetivos, las actividades que realizan o los encuentros que mantienen para tal fin.
El proyecto de Ley incluye también un régimen sancionador que regula la responsabilidad por el incumplimiento de los deberes y las obligaciones que impone la Ley tanto en materia de transparencia como de Buen Gobierno. Así, se establecen sanciones en función de la gravedad de la infracción que van desde los 600 a los 12.000 euros.
