La aportación realizada por el Gobierno de España a la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha en 2015 será de un “irrisorio” 17%, cuando debiera ser del 50%. Así lo ha subrayado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en su respuesta a una pregunta oral formulada hoy en la sesión de las Cortes de Castilla-La Mancha.
En 2011 la aportación del Gobierno de España a través de la vía del “nivel mínimo” ascendió a 64.693.107,53 € y a través de la vía de “nivel acordado” de 16.891.887 €. En total casi 82 millones de euros, frente a la aportación en 2015 de 57 millones de euros, “un irrisorio 17% de la financiación total”, ha subrayado la consejera.
Aurelia Sánchez ha lamentado que el Gobierno de España incumpla la obligación de sufragar al 50% la atención a la Dependencia, “que es lo que contemplaba en un primer momento la ley y eso ha sido a costa de la aportación de las Comunidades Autónomas y de los beneficiarios”.
A través de los Presupuestos Generales del Estado el Sistema Nacional de la Dependencia “ha dejado de percibir 1.490 millones de euros durante la legislatura del Sr. Rajo”, lo que supone “una asfixia financiera para las Comunidades Autónomas, según Aurelia Sánchez.
“El Gobierno del PP no creó ni cree en la Ley de dependencia, ni ha tenido como objetivo fundamental defender y garantizar los derechos de las personas dependientes, al contrario ha puesto palos en las ruedas para su desarrollo efectivo con la adecuada financiación”, ha concluido la consejera que ha pedido que “el Gobierno de España asuma su responsabilidad para garantizar los derechos de las personas dependientes”.
Listas de espera en Dependencia
La segunda pregunta oral que ha contestado la consejera de Bienestar Social en la sesión de las Cortes regionales se ha centrado en la lista de espera para la prestación por Dependencia en Castilla-La Mancha, que a principios de julio de 2015, se situaba en 26.919 personas, de las cuales 22.538 tenían reconocido el Grado I (grado que entró en vigor el 1 de julio de 2015) y 4.381 tenían reconocido Grados II y III.
La consejera ha recordado que a fecha de 31 de diciembre de 2015, la lista de espera era de 24.305 personas, habiéndose reducido en 2.614 personas. Además, el número de beneficiarios del sistema, a 1 de julio de 2015 era de 34.688 y a 31 de diciembre de 2015 era de 36.797, por lo que se ha aumentado el número de beneficiarios atendidos en 2.108 personas.
Aurelia Sánchez ha subrayado que además de la lista de espera de personas que no había recibido prestación a pesar de tener reconocido un grado, el Gobierno de García-Page encontró otras 6.143 solicitudes de personas que no habían visto iniciada su la valoración.
La responsable de Bienestar Social ha reiterado que el Gobierno regional encontró a su llegada, en materia de dependencia “listas de espera, vacío legal, expedientes en el limbo y un sentimiento de abandono de las personas dependientes y sus familias que también tenían la sensación de sentirse menospreciadas por las revisiones de oficio y un sistema enlentecido que retrasaba su valoración”. “Destruir es más fácil que construir”, ha concluido.
