El Gobierno de Castilla-La Mancha está preparando el recurso que va a interponer contra el último trasvase de 60 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, autorizado este miércoles por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre.
Así lo ha adelantado este jueves en declaraciones a los medios en las Cortes, donde se celebra el Debate del Estado de la Región, la consejera de Fomento castellano-manchega, Elena de la Cruz, que ha incidido en que este trasvase es «ilegal y temerario» y más, ha dicho, «teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas de este otoño, que va a ser «excepcionalmente seco».
«Estamos en octubre con temperaturas de 30 grados, de verano, no va a llover, vamos a tener una sequía pertinaz durante este otoño y aprobar este trasvase es temerario y aventurado y no estamos de acuerdo con ello», ha comentado, recordando que, quitando esos nuevos 60 hectómetros cúbicos, línea que marcó el Ministerio de 400 hectómetros por debajo de la cual no se podría trasvasar, se ha pasado.
Elena de la Cruz, que ha admitido que del resto de recursos interpuestos por el Ejecutivo «todavía no» tienen noticia alguna porque «se tarda» en emitir una respuesta, ha criticado que este sea el tercer trasvase autorizado por el Gobierno de España en funciones y que «parece que no tiene otra manera de llevarse el agua que aprobando el máximo posible con la cantidad máxima posible, que son 20 hectómetros cúbicos al mes y con la mayor periodicidad posible», que es de tres meses.
«Es una hemorragia insaciable, que no para, que no cesa, no se buscan alternativas para proporcionar al levante que no sea la de trasvasar agua», ha lamentado la consejera, que se ha mostrado convencida de que los juzgados van «a dar la razón» al Ejecutivo de Castilla-La Mancha, porque lo que se está haciendo «no se puede hacer».
Finalmente, ha detallado que una de las resoluciones presentadas por el PSOE al Debate sobre el Estado de la Región alude a este tema y a la necesidad de revisar el plan del Tajo, y ha confiado en que los grupos parlamentarios «sean responsables y apoyen esta resolución, porque será buena para Castilla-La Mancha».
