El acuerdo suscrito entre los grupos parlamentarios Socialista y Podemos y el Gobierno de Castilla-La Mancha para la tramitación de los presupuestos regionales de este año incluyen un anexo con una estimación de nuevas plazas de empleo público a crear en esta legislatura, que podrían alcanzar las 8.416 siempre que se mantengan las tasas de reposición en los mismos términos a nivel nacional.
Según refleja este acuerdo, recogido por Europa Press, en 2016 se podrían crear 750 plazas en educación 660 en el Sescam, 200 en funcionarios de la Administración General y 100 plazas más de personal laboral.
En 2017, estas cifras podrían situarse en 555 en Educación, 800 en Sanidad, 119 en otros funcionarios y 125 en personal laboral; mientras que en 2018 se repetirían las 555 en Educación, otras 800 en Sanidad, 162 funcionarios más y otros 153 de personal laboral.
Por último, en 2019, la estimación vuelve a valorar 555 plazas en Educación, 750 en Sanidad, 205 en el cuerpo de funcionarios de la Administración regional y 172 nuevos contratados dentro de la categoría de personal laboral.
Así, la cifra total se colocaría en 2.415 plazas en educación, 3.010 en Sanidad, 686 en funcionariado y 550 en personal laboral, lo que en estos cuatro años elevaría la cifra a 6.661 nuevas plazas. A esta estimación hay que añadir 1.755 plazas adicionales previstas para este 2016, repartidas en 1.042 en el Sescam, 404 en Educación, 120 en técnicos de empleo y 189 correspondiente a la readmisión de interinos.
SANIDAD Y EDUCACIÓN
Este acuerdo obliga al Gobierno a comprometerse a través de los presupuestos a reforzar la sanidad, reduciendo derivaciones a clínicas privadas y exigiendo a la Consejería a explicar en sede parlamentaria una vez cada tres meses el estado de estas derivaciones.
En relación al transporte sanitario se adquiere el compromiso, de cara a nuevas convocatorias de concesión del servicio, de que los pliegos de condiciones establezcan condiciones estrictas garantistas del respeto a los derechos laborales, así como que la calidad del servicio prime sobre el criterio estrictamente económico.
En educación, además de congelar el gasto destinado a conciertos educativos en Primaria y Secundaria, se adquiere el compromiso de reducir progresivamente la financiación pública de la educación concertada y garantizar la disponibilidad de plazas en la educación pública.
Se asume igualmente el compromiso de reducir progresivamente las horas lectivas para los docentes, así como de contratar el personal suficiente para reducir progresivamente a lo largo de la legislatura las ratios e incrementar los apoyos de infantil hasta alcanzar los niveles de 2010. De esta forma, el máximo de alumnos por aula será a final de legislatura de 25 en Infantil, otros 25 en Primaria, 30 en Secundaria, 32 en Bachillerato.
