El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha decidido premiar a Rafael Catalá, diputado del PP por Cuenca, manteniéndolo al frente de la cartera de Justicia después de que, tras poco más de dos años de mandato, haya conseguido pacificar este área que fue muy crítica con la gestión de su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, y las reformas que éste impulsó.
La puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Justicia consensuada con todos los profesionales del ámbito jurídico será uno de los principales objetivos de Catalá de cara a conseguir una Justicia más moderna, digitalizada y eficaz.
Con un perfil bastante desconocido para la mayoría y menos mediático que el de su antecesor, el alto funcionario llegó al Ministerio el 24 de septiembre de 2014 tras la renuncia de Alberto Ruiz-Gallardón, y en poco más de dos años ha logrado darse a conocer como un hombre de consenso y partidario del diálogo entre profesionales del sector como jueces, abogacía, fiscales y procuradores.
En estos dos años Catalá ha tenido que hacer frente a desafíos abiertos tras la gestión de su antecesor, especialmente en lo referente a la Ley de Tasas; una de las reformas que más controversia y descontento generó y que el Gobierno terminó suprimiendo parcialmente en febrero de 2015.
Precisamente uno de los compromisos que adquirió Catalá a su llegada a Justicia fue la revisión de este sistema por el que el Ejecutivo ha recaudado más de 500 millones de euros en dos años. Hace apenas cuatro meses, el Tribunal Constitucional tumbó el que fuera proyecto estrella de Gallardón declarando nulas las cuotas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos.
LEY DEL ABORTO
Durante su mandato se ha llevado a cabo la reforma de la Ley del aborto y cuyo texto inicial, planteado por Ruiz-Gallardón, generó malestar en diferentes sectores de la sociedad y acabó provocando su marcha del Ministerio de Justicia. El texto definitivo, que vio la luz en septiembre de 2015, establecía que las jóvenes de 16 y 17 años que quisieran abortar necesitarían el apoyo firmado de sus padres y abandonaba el modelo de plazos a uno de supuestos más restrictivos.
Otro de los cambios normativos ha venido con la entrada en vigor el 1 de julio de 2015 del nuevo Código Penal, que incluía como novedades la prisión permanente revisable, el delito de financiación ilegal de partidos políticos o el aumento de la edad de consentimiento sexual a los 16 años.
Pese a que el Gobierno trataba de crear un nuevo Código Procesal Penal la iniciativa se limitó a reformar la Ley actual de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que introdujo como principales cambios los límites a la instrucción judicial (prevé un periodo ordinario de seis meses para la instrucción de causas sencillas y de 18 para las complejas) y el término de ‘investigado’ para referirse a la figura de ‘imputado’.
Bajo su mandato también se ha puesto en marcha el nuevo sistema de comunicaciones electrónicas con las Administraciones de Justicia, conocidio como LexNet, y que obligaba a partir del 1 de enero de este año a presentar escritos procesales y notificaciones judiciales por vía telemática.
TRAYECTORIA POLÍTICA
Catalá se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en 1985 ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. En 1988 pasó a ocupar la subdirección general de Ordenación y Política de Personal del Ministerio de Sanidad hasta 1992, año en que se incorporó a AENA como director de Relaciones Laborales y de Administración y Servicios.
Durante la primera legislatura de gobierno de José María Aznar, Catalá ejerció como director general de la Función Pública entre 1996 y 1999 y como director general de Personal y Servicios del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes hasta el año 2000, cuando tomó posesión como Subsecretario de Hacienda.
Entre 2002 y 2004 Rafael Catalá ejerció como secretario de Estado de Justicia y un año después fue nombrado director gerente del Hospital Ramón y Cajal (2004-2005). Entre 2005 y 2012, dos años antes de llegar al Ministerio, desempeñó el cargo de secretario general y del Consejo de Administración de CODERE, S.A, multinacional española del sector del juego privado.
Su carrera profesional también está vinculada a la docencia ya que fue director del Máster de Administración Pública en el campus de Madrid de la Escuela de Negocios de ESADE entre los años 2005 a 2012 y profesor asociado de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Carlos III de Madrid desde 2007 a 2011.
Hasta su nombramiento como ministro de Justicia, en septiembre de 2014, fue secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento y presidente de la sociedad ENAIRE.
