El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar este miércoles el nuevo acuerdo marco que regulará la concesión de la gestión de las plazas residenciales en la región para mayores y dependientes, que se plantea en un horizonte de cuatro años hasta 2020 y cuyo importe estimado será de 458 millones de euros.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha dado las líneas maestras de este acuerdo, explicando como principales novedades que se reducen de cinco a cuatro las modalidades para concertar, que serán plazas residenciales completas, estancias diurnas, estancias nocturnas y estancias temporales.
Esto es debido a la fusión de los dos tipos de estancias temporales recogidas por el anterior acuerdo, las ordinarias y las de alta intensidad, al considerar que este tipo de servicio es siempre de alta intensidad, ya que se presta a personas mayores tras sufrir alguna intervención quirúrgica importante.
En todo caso, la gestión de plazas temporales garantiza un total de 83.800 días para cubrir las necesidades de este tipo de atención, el doble que con el anterior marco.
Este acuerdo, que será refrendado por el Consejo de Gobierno este miércoles, prevé dar cabida a más de 6.000 plazas residenciales además de las temporales, lo cual garantiza 3.000 empleos, en la mayoría de los casos en el mundo rural.
Sánchez ha explicado que una vez cerrado el acuerdo con las concesionarias no se permitirá el acceso a más entidades, pero si se pudiera aumentar el presupuesto podría derivar en más plazas en las residencias.
800 PLAZAS MÁS QUE EL ANTERIOR
La consejera ha dado detalles del anterior acuerdo de este tipo, gestionado en 2014 por el Gobierno anterior y por dos años, 2015 y 2016. Este acuerdo ha tenido un gasto anual de 96 millones –unos 18 menos de lo que se prevé en el nuevo convenio–, y ha servido para contratar un total de 5.178 plazas.
El objeto de este nuevo acuerdo marco es, en primer lugar, «seleccionar a las entidades para posteriormente poder concertar plazas públicas en diferentes modalidades», y tiene dos fases, «una primera fase que se va a realizar a lo largo del presente mes de julio con la presentación de propuestas y una homologación de entidades».
«Se van a presentar las ofertas de las entidades privadas que quieran concertar las plazas residenciales con la administración, y se van a establecer los requisitos para la segunda fase, que se producirá en noviembre», ha detallado Sánchez, añadiendo que se van a firmar los contratos específicos con cada una de las entidades privadas. En ese contrato se establecerán las plazas que se conciertan y también los precios, que van a ser los ofertados por la entidad firmante.
Una de las mejoras de este acuerdo según Sánchez es que se va a consolidar la red pública regional y se va a dar «tranquilidad» a las entidades que concierten debido a que se prolongará por cuatro años.
Otra de las mejoras es que va a resultar «más sencillo» el trámite para las entidades licitadoras, además de que se flexibilizan las exigencias y las mejoras.
«En el anterior acuerdo marco, muchas empresas proponían mejoras importantes para acceder a más plazas. Nos han comunicado que al final eso les ha ahogado económicamente y muchas de las propuestas de mejora no las han podido llevar a cabo», ha lamentado.
Sánchez ha considerado además que este acuerdo es mucho más garantista» y ninguna empresa se va a quedar fuera, después de que en el pasado «hubiera más exigencia de criterios que provocaba que algunas empresas no pudieran concursar».
LOS AYUNTAMIENTOS QUEDAN FUERA Y SE HARÁ UNA JORNADA EXPLICATIVA
Otro de los aspectos novedosos es que los ayuntamientos y entidades locales quedan fuera de ese sistema, después de que muchos «hayan solicitado estar a través de convenios de colaboración» y no por contratos derivados, como con las empresas privadas.
Una vez aprobado el convenio, otra novedad es que se va a hacer una jornada de puertas abiertas y de formación a todas las empresas el 8 de julio, impartida por técnicos de la Consejería, a la que se invitará a empresas o entidades que pueden concertar con la Administración.
