La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha señalado que el Gobierno de Castilla-la Mancha «estima necesario» revisar el sistema de rentas mínimas garantizadas que con «un nombre u otro» se incluye en las políticas sociales de las diferentes regiones «para integrarlas en un sistema único», más «homogéneo, justo y seguro».
En su intervención en las Cortes con motivo de una propuesta de Podemos sobre este tema, ha explicado que para esta reforma sería necesaria la «participación directa» de la Administración central, con independencia del partido que gobierne, y la voluntad política de los gobiernos autonómicos «ya que tendrían que adaptar su normativa a este fin».
«Proponemos trabajar con un sistema de protección en el que busquemos una denominación oportuna», ha asegurado la consejera, quien ha especificado que esta medida se dirigiría a familia sin ingresos que no tengan cubiertas «las necesidades más básicas» y que sirva para luchar «contra la pobreza más severa».
Por ello, la titular de Bienestar Social ha invitado a los parlamentarios castellano-manchegos a sumarse a un «pacto de toda la sociedad española, aunando esfuerzos y presupuestos» para lograr «una sociedad más justa e igualitaria», una reforma en la que «la Junta debe tener un papel proactivo y fundamental», ha asegurado.
Sánchez ha descrito que en Castilla-La Mancha un beneficiario de Ingreso Mínimo de Solidaridad percibe 372,76 euros que se incrementa en un 0,6% por cada hijo menor que viva en la unidad familia, sin cuantía máxima a percibir, cada 6 meses.
Las características de los perceptores del Ingreso Mínimo de Solidaridad en la región es el aumento de personas que lo perciben, la femenización de personas perceptoras, familias en la mayoría con niños y niñas y otras personas dependientes o monomarentales. El rango de edad de los adultos es de entre los 35 y 44 años de edad,
Asimismo, otro de los rasgos de estos perceptores es que el 58 por ciento viven en una vivienda familiar, y el 11 por ciento condiciones muy precarias o «sinhogarismo».
APROBADA PROPUESTA DE PSOE Y PODEMOS
En las misma línea, las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado una propuesta conjunta de PSOE y Podemos –con los votos en contra del PP– que instan al Gobierno regional a desarrollar a lo largo de 2016 la renta garantizada, cuyo importe mínimo tenderá a alcanzar el nivel de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual durante la actual legislatura.
Asimismo, instan al Gobierno central a impulsar un pacto de estado con las comunidades autónomas que permita garantizar por ley una renta dirigida a personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y que han agotado cualquier tipo de prestación o carecen de ingresos, con el fin de que puedan afrontar sus necesidades básicas.
Esta renta garantizada, según la resolución de ambos grupos, se recoge la ley 14/2010 de 16 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. Además, demandan que, dentro del proceso de reforma de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, se contemple esta renta garantizada como un derecho social básico.
El encargado de defender esta propuesta de resolución por parte del Grupo Parlamentario Socialista ha sido el parlamentario José Luis Escudero, que ha abogado por abrir un proceso de participación para que los ciudadanos realicen sus aportaciones.
Asimismo, ha afirmado que «no es baladí» que esta propuesta de resolución recoja la renta garantizada como un derecho social básico y ha lamentado la «foto fija» de la región, que refleja «una situación muy difícil» con un «recorte de un 80% en la protección de familias o un 30% de recortes de ayuda para personas con discapacidad».
De su lado, el diputado de Podemos José García Molina ha defendido esta propuesta de resolución señalando que el salario mínimo de inserción de Castilla-La Mancha, el «más bajo de toda España», y que es de 372 euros tiene que llegar a «algo similar» al SMI.
Por eso ha alentado a los parlamentarios de las Cortes a trabajar en esta legislatura para que «todos los hogares con ingresos mínimos por debajo del umbral de la pobreza» dispongan de esta renta garantizada.
«Lo ideal es un marco estatal en el sistema de rentas garantizadas», ha manifestado Molina, quien ha abogado por un «derecho al trabajo» pero de una manera «digna y en condiciones» pues, a su juicio, «no podemos defender un empleo de baja calidad y de baja productividad».
PP: «PAGE, EL PRESIDENTE DEL ANUNCIO»
Por contra, con los votos en contra de PSOE y Podemos, el Parlamento autonómico ha rechazado la propuesta de resolución de los ‘populares’ en la que instaban al Gobierno regional a dedicar 500 millones en 2016 para «mecanismos de protección social de los ciudadanos en mayor situación de desprotección» y encuadrar esta cuantía en los presupuestos, presentando estos «de manera inmediata.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha lamentado «el pasteleo» en los socialistas y Podemos y que «vengan a hablar sin contenido ni propuestas» cuando tienen «el boletín de la Junta» para llevar a cabo la normativa correspondiente en este ámbito.
Ha reprochado también a ambos grupos que hayan «hecho desaparecer» del pacto de investidura la renta mínima, al tiempo que ha arremetido contra el presidente regional, Emiliano García-Page, «un presidente que se dedica al anuncio y no a la gestión».
