El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, considera que «ya es hora de que Rajoy y Cospedal den cuenta y asuman responsabilidades sobre una financiación ilegal del PP, sobre la caja B del PP, de la que ya nadie tiene ninguna duda».
Hernando se ha pronunciado así en Toledo, donde se ha reunido con el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de siete años y nueve meses de cárcel para los exdirigentes del PPCV y exdiputados en las Corts Vicente Rambla y Ricardo Costa por delito electoral y falsedad documental dentro del ‘caso Gürtel’ que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
A su juicio, la «financiación ilegal en campañas electorales» del Partido Popular es algo que «ya no está en cuestión», siendo una acusación que mantiene la Agencia Tributaria o la Fiscalía del Estado, entre otros. «Ya no hay nadie que ponga en cuestión que el PP se ha financiado ilegalmente, solo dos personas, Rajoy y Cospedal».
Según Hernando, el responsable nacional del PP y la secretaria general «son los únicos que discuten eso, porque les conviene» cuando «todo el mundo en España, excepto Rajoy y Cospedal saben que el PP se ha financiado ilegalmente», ha incidido.
El cese de Gil-Ortega en Enresa es «una bofetada a Cospedal»
Hernando ha señalado este viernes que el cese de Francisco Gil-Ortega como presidente de Enresa es «una bofetada» a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que fue la que lo puso ahí y por eso ahora «tiene que dar muchas explicaciones».
Ha criticado que Cospedal pusiera al frente de Enresa «a una persona que no tenía los conocimientos para asumir la responsabilidad de presidir una empresa tan importante», aunque ha destacado que «gracias a las denuncias y la presión del PSOE, Gil-Ortega ha sido cesado y el nombramiento de Cospedal desautorizado».
A su juicio, el cese de Gil-Ortega «no es una casualidad» y su gestión «está en entredicho, es dudosa, genera muchas dudas» y por eso el PSOE va a pedir una auditoría sobre la gestión del expresidente de Enresa al frente de la empresa pública, convencido de que «están en cuestión todos los contratos y precontratos» que se han firmado en relación al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).
Los socialistas quieren «que se aclare con qué empresas se han firmado los contratos, que se sabían que estaban abocados al fracaso porque ese ATC no se podía construir en esa ubicación», y por ello han pedido también, como ha recordado, las comparecencias del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; y la del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, para que expliquen «la actuación con Enresa y el ATC».
Hernando, que sobre el nuevo presidente de Enresa, Juan José Zaballa, se ha limitado a decir que «ya veremos a ver», ha insistido en que «todo el mundo sabía» que Gil-Ortega, no solo no tenía «ninguna experiencia en el ámbito nuclear» sino que era «una imposición de Cospedal, por interés» y ahora, al verse la dirigente del PP «salpicada por ese cese, tiene que dar muchas explicaciones».
«Todo muy sospechoso»
Sobre este asunto también se ha manifestado el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, que ha visto «todo muy sospechoso» y se ha mostrado convencido de que «esto se tiene que aclarar» y «con urgencia» porque «mucho antes de que hubiera ningún residuo radiactivo ya había radioactividad en Villar de Cañas».
En su opinión, los ‘populares’ tienen con este asunto «un motivo extraordinario para presumir de transparencia», y por ello ha confinado en que «puedan presentar todos los contratos antes de que se presente en las Cortes regionales la tan cacareada Ley de Transparencia».
