El PSOE ha registrado este jueves en el Congreso una proposición no de ley con la que reclama al Gobierno que firme un convenio de colaboración con Castilla-La Mancha que prevea la dotación financiera necesaria para poner en marcha planes de refuerzo de las políticas activas de empleo, con medidas específicas para mujeres, jóvenes y mayores de 45 años, en aras a conseguir crear unos 60.000 puestos de trabajo.
La secretaria adjunta del Grupo Socialista y diputada por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha presentado la iniciativa acompañada por el portavoz del PSOE en la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y por el portavoz de Agricultura y diputado por Toledo, Alejandro Alonso.
En concreto, la propuesta, que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja, reclama un «plan urgente y excepcional» de apoyo a las políticas activas de empleo, que se materialice con un convenio entre la Junta y el Gobierno central, y que cuente con «dotación económica suficiente y los recursos materiales y personales que permitan su desarrollo eficiente».
El objetivo sería insertar a, al menos, 60.000 parados, centrándose particularmente en los mayores de 45 años –muchos de ellos en situación de paro de larga duración–, las mujeres y los jóvenes, para quienes deberían «potenciarse los convenios con empresas durante y una vez finalizados sus estudios».
Los socialistas abogan en concreto por «impulsar las acciones desarrolladas por las unidades de orientación, los promotores de empleo y, en el ámbito del desarrollo local, aquéllas llevadas a cabo por los agentes locales de promoción del empleo».
«YA VAN TARDE»
En declaraciones a los medios, Rodríguez ha explicado que la situación del empleo en Castilla-La Mancha es «de emergencia», ya que es la región que «más ocupados ha perdido en los últimos tres años», incluyendo 31.000 empleos públicos; que su tasa de paro está cinco puntos por encima de la media nacional, llegando al 28%. De hecho, el paro femenino (33%) supera en ocho la media española y el paro juvenil (62%) lidera la estadística del país.
Junto a esto, la dirigente socialista se ha quejado de que la situación de los desempleados «también es mucho peor» que al inicio de la legislatura, ya que hay un 20% menos de beneficiarios de prestaciones por desempleo, cuyas cuantías han caído un 30%. Y hasta 90.000 familias (15%) tienen a todos sus miembros en paro.
«Esto requiere del apoyo del Gobierno de España. (Mariano) Rajoy y (María Dolores de) Cospedal deben ponerse a trabajar para dar una respuesta a los castellano-manchegos. Ya van tarde, porque su campaña electoral se basó en promesas de empleo, y no sólo han incumplid su palabra sino que han dejado nuestra tierra mucho peor de lo que la encontraron», ha afirmado Rodríguez.
A renglón seguido, ha subrayado que con su iniciativa los socialistas demuestran estar «en el territorio» y «ocupados con lo que interesa» a los ciudadanos, y ha ironizado con que al incluir propuestas concretas los ‘populares’ «no tienen ni que molestarse» en pensar qué medidas tomar para «dar una respuesta a los parados y crear un escenario de futuro en Castilla-La Mancha».
EVITAR EL DESPOBLAMIENTO
Por su parte, Martínez Guijarro ha criticado que pese a los «acuciantes» problemas de desempleo que acechan a los castellano-manchegos, «el Gobierno regional no ha puesto ni un euro en estos casi cuatro años para intentar» resolver la situación.
Por eso, el dirigente socialista pide que tanto el Ejecutivo nacional como el equipo de Cospedal «se pongan a trabajar y pongan encima de la mesa recursos financieros suficientes para impulsar planes específicos de empleo para poder rebajar las tasas de paro».
En este sentido, ha explicado que es «imprescindible» articular medidas para evitar que los jóvenes se marchen de Castilla-La Mancha, que sufre una importante amenaza de «despoblación», por lo que aboga por garantizar que cuando acaben su formación superior (universitaria o de formación profesional) tengan «una oportunidad laboral para estabilizarse en Castilla-La Mancha».
Igualmente, al PSOE le preocupan los parados mayores de 55 años, la mayoría procedentes del sector de la construcción, que tienen «una cualificación profesional bastante escasa y muy pocas posibilidades de volver al mercado laboral», por lo que necesitan ayuda para tener garantizado el «tránsito hasta la jubilación y su subsistencia».
