Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han pedido la retirada del Proyecto de Ley de Caza de Castilla-La Mancha, pues consideran que no ha sido diseñado pensando en la conservación de las especies, «sólo beneficia a ciertos ámbitos de la caza y que no ha sido consensuada con todos los sectores implicados».
Por ello han solicitan al Gobierno de Castilla-La Mancha que desarrolle un nuevo proyecto en el que se tengan en cuenta las alegaciones realizadas por los grupos conservacionistas.
A juicio de estas organizaciones, el Proyecto de Ley favorece la intensificación de las prácticas de caza, «lo que supone un aumento de los impactos, ya que proliferarían, por ejemplo, los vallados al autorizar la creación de cercados interiores en las fincas, comprometiendo la riqueza de las poblaciones».
Creen que el texto, conforme está diseñado, tampoco afronta la pérdida de calidad genética de especies autóctonas, como la perdiz roja, el ciervo ibérico o el jabalí ibérico, ni los problemas de la caza menor relacionados con los impactos de las actividades agrícolas.
«Además, promueve ciertas prácticas dañinas que únicamente favorecen al sector más industrial de la caza intensiva, permitiendo las sueltas de animales de granja en cualquier finca a través de la nueva figura de ‘cuartel comercial’, lo que supone un grave deterioro ambiental», han advertido.
De igual modo, han alertado de que el texto facilita el uso del control de predadores al poder ser autorizado para varios años, cuando debiera autorizarse de forma puntual y muy justificada, ya que genera un aumento de los desequilibrios ecológicos y plantea una reforma de la normativa que «podría reducir la obligación de los titulares de vigilancia de sus cotos para evitar el uso de veneno, lo que supone un retroceso en la normativa contra este importante problema de conservación».
Además, estas organizaciones han condenado que esta ley no ha sido consensuada con todos los sectores, sino únicamente con algunos representantes de ciertos ámbitos de la caza. Por ello, han pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que reconsidere su postura y retire el texto para desarrollar uno nuevo, «en el que se tengan en cuenta las alegaciones de los grupos conservacionistas y se garantice la conservación efectiva del patrimonio natural».
