El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha instado este martes a administraciones y agricultores y ganaderos a considerar a los seguros agrarios como «un instrumento o herramienta más de las explotaciones agrarias» y ha insistido en que se trata de una «herramienta imprescindible» tras la aprobación este martes por parte del Consejo de Gobierno de la ayuda para este tipo de seguros destinada a agricultores y ganaderos de la región.
En declaraciones a los medios de comunicación previas a su intervención en el acto de clausura de la asamblea anual de ASAJA Cuenca, Martínez Arroyo ha agregado que estos seguros tienen que servir «a todos, administración y agricultores y ganaderos», para hacer «frente a las inclemencias climatológicas, entre ellas la sequía».
El titular de Agricultura ha hecho hincapié en el esfuerzo que ha realizado el Gobierno regional para aportar 4,2 millones de euros, un 11% más que en la campaña pasada, con el fin de «apoyar y financiar los seguros de agricultores y ganaderos».
Tras admitir que pensaba aprovechar la asamblea para conocer «los problemas reales de los agricultores de Castilla-La Mancha», el consejero ha incidido en la implicación de ASAJA en el desarrollo de proyectos «para que los agricultores tengan futuro, para que no solamente hablemos de la PAC».
«Hay que hablar también de la rentabilidad de las explotaciones, de que el producto se venda, de que los agricultores se integren en proyectos comerciales con la industria, con la distribución», ha aseverado, subrayando el «buen papel que está haciendo ASAJA» en ese sentido.
PISTA FORESTAL DE UÑA A MAJADAS
En otro orden de cosas, en relación a la denuncia de Ecologistas en Acción para que se paralice la pista forestal que se está construyendo entre Uña y Las Majadas, Martínez Arroyo ha recordado que la administración competente es Diputación provincial de Cuenca en colaboración con Tragsa.
A este respecto, ha puntualizado que las obras cuentan con una declaración de impacto ambiental «del gobierno anterior para poder hacer ese camino». «Nosotros lo único que podemos hacer es dejarles hacer el camino porque es su competencia», por lo que ha aconsejado al colectivo ecologista «redirigir un poco la denuncia o la queja a aquella administración que es competente», ya que, a su juicio, «está claro que ahora mismo es un problema de la Diputación Provincial de Cuenca».
«En este y en todos los proyectos», ha aclarado, la Junta revisa «permanentemente el impacto ambiental que puedan tener» y, en caso de peligro ambiental, lo pondrían «de manifiesto» y procederían «a modificar los informes que se hicieron en su momento».
PLAN DEL ALTO GUADIANA
En relación a la prórroga especial del Plan del Alto Guadiana solicitada por el Gobierno regional, Martínez Arroyo se ha referido a la necesidad de crear un «instrumento de coordinación entre las dos administraciones implicadas», la central, «que es la que tiene competencia en materia de agua» y la autonómica, «que tiene competencia en materia de agricultura y territorio».
De esta forma, ha animado a «reeditar fenomenales ejemplos de colaboración entre administraciones» como el Consorcio del Alto Guadiana con el objetivo de que la Administración general del Estado pueda cumplir con el «compromiso que tiene desde el año 2011», ha dicho, «con las 2.000 explotaciones prioritarias, con 2.000 agricultores profesionales y 2.000 familias» que dependen de la agricultura en esta zona. Un compromiso que, a su juicio, es «ineludible», por lo que desde Castilla-La Mancha, ha anunciado, «vamos a pedir reiteradamente que se cumpla».
En este punto, ha afirmado que la agricultura «necesita agua» así como que el «futuro de nuestro sector agrario pasa, sin duda, por el agua» y que en el Alto Guadiana «hay muchas cosas que arreglar».
«Todo es modificable, todo es revisable», ha reseñado, «independientemente de que se modifiquen las dotaciones, cuando se produjo la regularización de los 4.000 pozos de leñosos que hizo el consorcio entre 2008 y 2011, se hizo gracias a la adquisición de fincas en el entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel».
«Gracias al ahorro de agua que se produjo en esas fincas se pudieron dotar las explotaciones profesionales de cultivo leñoso», por lo que, ha concluido, «si hay voluntad, se puede hacer», ya que «hay un compromiso de un gobierno con unos ciudadanos y eso debe estar por encima de todo».
