El Gobierno de Castilla-La Mancha se suma a la petición que ha hecho el Gobierno de Andalucía de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, demanda que formará parte de las reivindicaciones que el Consejo de Gobierno de este martes tiene previsto aprobar con carácter previo al Día Contra la Violencia de Genero que se conmemora el 25 de noviembre.
Así lo ha avanzado la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, en una entrevista con Europa Press, en la que ha asegurado que el Ejecutivo regional está en «sintonía» con esa petición lanzada desde Andalucía. «Ha sido cuestión de fechas que ellos lo hayan requerido antes de manera oficial», ha precisado.
«Consideramos que la violencia de género, por el carácter ideológico que tiene, es una forma de terrorismo y merece ser debatida de forma amplia y concitar el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas y sociales del país, como sucedería con cualquier otro asunto que tiene interés suficiente para ser considerado de estado», ha defendido.
De igual modo, se ha mostrado partidaria de modificar la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, que a pesar de ser «avanzadísima» es necesario revisar en algunos puntos, como es la relación que los padres maltratadores establecen con sus hijos.
«Ellos son víctimas de violencia de genero de forma directa o indirecta y por tanto, en aras a su protección, debería revisarse esa relación para ver qué tipo de influencia puede tener una persona condenada a por malos tratos en esos menores, que podrían desarrollar comportamientos relacionados con violencia de género», ha alertado.
Asimismo, Martínez cree que es necesario modificar esa norma para introducir nuevas modos de violencia de género, como el acoso laboral, el problema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual o el de la prostitución, asuntos que la ley actual no tiene en cuenta.
MODIFICAR LEY DEL INSTITUTO
En esa dirección de cambio, Martínez también ha reiterado la necesidad de modificar tanto el nombre del Instituto de la Mujer como la ley por la que se creó a fin de incorporar nuevos conceptos y colectivos, como el de Lesbianas, Gays Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) y poder reconocer sus derechos. «Pero sin perder nunca de vista que es un instituto por la igualdad entre mujeres y hombres, la discriminación primaria más importante».
No obstante, la responsable del Instituto no ha concretado fecha para abordar esas modificaciones, pues ha indicado que en primera instancia su prioridad es consolidar la estructura del Instituto que «está muy debilitada tras los últimos años» –en referencia a la gestión que hizo el Gobierno ‘popular’– a fin de que su actuación sea «más ágil y eficaz».
«Cuando consideramos que esa estructura está preparada para asumir nuevos retos comenzaremos la actualización y la mejora del Instituto, algo a desarrollar a lo largo de la legislatura», ha dicho.
CONSEJO REGIONAL DE ABOGADOS
En cuanto a la alertada lanzada desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por el incremento de las
sentencias absolutorias en los procesos de violencia de género, la directora del Instituto de la Mujer ha incidido en la necesidad de ofrecer a las víctimas una asistencia letrada «especializada» para que el proceso judicial pueda transcurrir por un canal adecuado y los jueces «puedan discernir si hay delito de violencia de género u otros que pueden llevar a confusión».
Para ello, ha explicado, el Instituto trabaja con el Consejo Regional de la Abogacía, que es el que presta servicio jurídico a este colectivo por medio del turno de oficio, que a su modo de ver es «mejorable», para revisar el convenio que tienen suscrito.
Araceli Martínez ha asegurado que el Instituto de la Mujer va a renovar, de cara al 2016, el convenio de colaboración que mantiene con el Consejo de la Abogacía pero mejorando algunas cuestiones a fin de que la asistencia letrada sea «más especializada y cualificada y los letrados puedan conocer los resortes ideológicos de la violencia de genero para poder desmontarlos».
