El diputado regional y secretario provincial del PSOE de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha anunciado que el Grupo Socialista presentará en las Cortes de Castilla-La Mancha una enmienda a los presupuestos “para que el pago de las deudas contraídas por la Junta de Comunidades con los ayuntamientos no sea una decisión política arbitraria, sino que sea una decisión legal”.
Una propuesta concretada en la obligación del Ejecutivo castellano-manchego de realizar cuatro pagos a lo largo de cada ejercicio –uno al inicio de cada trimestre- para que los ayuntamientos puedan hacer frente a los servicios que son de atención directa a los ciudadanos, como puedan ser, por ejemplo, las residencias de mayores, comedores sociales, ayuda a domicilio, atención a los consumidores.
Además, en dicha enmienda los socialistas incluyen otros elementos fundamentales. El primero, que en el caso de que los impagos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha generen costes financieros a los ayuntamientos, éstos sean asumidos por la administración regional; y el segundo, la suscripción de certificaciones periódicas de facturas para ser abonadas en 30 días por la administración regional.
Caballero ya ha anticipado que estas medidas “cuanta con el respaldo de todos los ayuntamientos del PSOE, y me atrevo a decir que también con los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular” si se tiene en cuenta que es positiva para solucionar el problema grave que viven los consistorios y que se plantea sin sesgo político.
El máximo responsable del Partido Socialista en la provincia de Ciudad Real ha avanzado estas medidas en el transcurso de una comparecencia para denunciar precisamente que a falta de 15 días para concluir el año continúan el Gobierno de Cospedal sigue sin pagar a los ayuntamientos. Unos impagos de la deuda por servicios impropios que asumen los consistorios y que corresponde prestar a la Junta, y que, tal y como describe Caballero, está provocando situaciones “dramáticas” en múltiples municipios.
Eso sucede “al menos a los del PSOE, imaginamos que a los del PP también, porque lo que sería injustificable es que se castigara a los ayuntamientos que tienen un alcalde socialista y por otro lado se premiara a los del Partido Popular pagando lo que es obligado”, ha reiterado.
Esta es la realidad que sufren la inmensa mayoría de los ayuntamientos, cada uno con sus particularidades en cuanto al dinero que le adeuda la Junta de Comunidades. En el caso de La Solana la cifra supera los 2,3 millones de euros, 300.000 a San Carlos del Valle, 600.000 a Villanueva de la Fuente, 460.000 a Villahermosa, 140.000 a Villamanrique, 200.000 a Alcolea de Calatrava, 150.000 a Fuenllana, 35.000 a Cañada de Calatrava, 30.000 a Caracuel o 652.700 euros al Ayuntamiento de Castellar de Santiago.
Precisamente la alcaldesa de este municipio, Carmen Ballesteros, ha señalado que sigue casi cuatro años después a la espera de respuestas por parte del Gobierno de Cospedal, del que dice haber recibido solo “la callada por respuesta, falta de respeto y un trato discriminatorio”.
Y ello pese a haber mostrado la comprensión por las dificultades económicas del momento y por haber tenido que adelantar gastos impropios y 120.000 euros en intereses por culpa de los impagos de la Junta, pero ni aun así, por lo que no descarta emprender acciones judiciales ante lo que considera una actitud del Ejecutivo de Cospedal “injusta” y “maliciosa”.
Por su parte, la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava y secretaria de Política Municipal del PSOE ciudadrealeño, Jacinta Monroy, ha descrito que la situación es tan límite y angustiosa que a partir del 1 de enero, es decir, en menos de 15 días, “yo no sé si podré mantener el servicio de ayuda a domicilio que le estoy dando a cien familias. Esto es una locura que incluso con elecciones el 24 de mayo el próximo alcalde se puede encontrar con esa irresponsabilidad en la gestión por parte del Gobierno de Cospedal”.
Ha añadido que no se trata de un ataque baladí, sino que “se trata de poner encima de la mesa una situación que por seguridad jurídica y por lealtad entre administraciones tendríamos que tener para garantizar una mejor gestión”, para concluir diciendo que “a Cospedal no pedimos el aguinaldo, sino que le pedimos lo que es nuestro y nos debe para hacer frente a los servicios que prestamos a los vecinos”.
