La Junta ha anunciado la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tras conocer la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha (TSJCM) que falla a favor del recurso presentado por UGT y STAS y declara nulas las órdenes de 20 de agosto de 2012, reguladoras de las plantillas de funcionarios y del personal sanitario, veterinario y de farmacia de la Administración regional.
Dicha decisión del Alto Tribunal castellano-manchego también condena a la Junta a readmitir a los interinos despedidos por la aplicación de esa orden y a pagarles los salarios adeudados desde esa fecha, así como al pago las costas procesales.
En nota de prensa, la Junta de Comunidades señala que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM aunque no la comparte, y añade que esta decisión «podría hacer inútiles todos los esfuerzos realizados por los ciudadanos, que han permitido estabilizar las finanzas de nuestra Administración y garantizar los servicios sociales, la educación y la sanidad a los castellano-manchegos».
Asimismo, recuerda el «clima de tensión» en el que se desarrolló esta negociación, «llegando a requerir la intervención de agentes de seguridad para garantizar la continuidad de la reunión, tras los capítulos violentos que se producían en el exterior».
Además, indica que el escrito de conclusiones emitido por el Ministerio Fiscal del pasado 25 de octubre de 2013 ya señalaba que los indicios apuntados por los sindicatos «no habían sido acreditados o no tenían la suficiente entidad para concluir en la vulneración del derecho fundamental denunciado».
