La Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha ha solicitado a la Fiscalía General del Estado seis meses de prórroga para seguir investigando los contratos del anterior Gobierno regional del PSOE con la empresa Cuadrifolio, pues se trata de una investigación «reservada que es compleja y que en principio está tardando más de lo previsto inicialmente».
Así lo ha confirmado en declaraciones a Europa Press el fiscal jefe del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, José Martínez, después de que la Fiscalía decidiese abrir el pasado mes de mayo diligencias penales para investigar los contratos del anterior Ejecutivo socialista con la empresa Cuadrifolio, después de que el diario ‘El Mundo’ publicara que supuestamente se habían «inflado» los precios de los contratos con la Junta para destinarlos a la financiación del PSOE.
Martínez ha explicado que este tipo de investigaciones tienen un límite legal de seis meses, naturalmente sometidos a prórroga. «Nos encontramos en la necesidad de solicitar esa prórroga, antes de que se cumplan esos seis meses iniciales, para tener más tiempo para seguir investigando».
El fiscal jefe castellano-manchego ha dado «por hecho» que esa prórroga está «más que justificada» y que, por tanto, la Fiscalía General del Estado no tendrá objeción en autorizarla. Dicho esto, Martínez ha querido dejar claro que se trata de una investigación preliminar y que, de momento, no se puede hablar ni siquiera de investigación procesal o judicial.
COMPROBAR LA VEROSIMILITUD
«No es habitual que una Fiscalía actúe a raíz de una información periodística, pero cuando dicha información tiene un determinado grado de concreción sobre los hechos denunciados entendemos que nuestro trabajo consiste en comprobar la verosimilitud de esa noticia y comprobar si puede haber alguna responsabilidad penal para poner, en ese caso, los hechos en conocimiento del juez a través de una denuncia o una querella».
De igual modo, ha precisado que en el caso de que en estos hechos que ahora se investigan no aparezcan elementos de delito que permitan a su departamento aportar pruebas ante un tribunal, la decisión de la Fiscalía sería la de archivar esa investigación penal.
«También cabe la posibilidad de que, a la vista de la naturaleza de los hechos, pueda tomar el relevo en las investigaciones la Fiscalía Anticorrupción, según las posibilidades que plantea el ordenamiento jurídico», ha agregado Martínez.
Y es que, según ha concluido, se trata de un procedimiento «laborioso», con un elevado volumen de documentación, pues afecta a todas las consejerías y empresas publicas de los ejecutivos socialistas que entre 2002 y 2011 hubieran contratado con Cuadrifolio.
