El Gobierno de Castilla-La Mancha cumple la nueva Legislación vigente en materia de Dependencia, lo que en algunos casos está comportando para la Junta un mayor desembolso, a favor de muchas personas dependientes.
En relación con el anuncio realizado por la denominada Plataforma de la Dependencia, desde la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales se entiende que la mencionada plataforma presenta recurso ante la Fiscalía General del Estado porque ya ha tenido varias sentencias desfavorables en otras instancias judiciales y ha sido condenada al pago de costas.
La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales quiere recordar que mantiene un contacto habitual y fluido con la mayoría de las asociaciones relacionadas con la discapacidad y dependencia, a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa al sector en toda España.
El CERMI es una entidad responsable y dialogante, que agrupa a la mayoría de las organizaciones relacionadas con la discapacidad, con las que también se mantiene un contacto directo y constante, como son FEAPS CLM, ONCE, ADACE CLM, COCEMFE CLM, FEAFES CLM, ASPAYM CLM, ASPACE CLM, FASPAS CLM, FERSORMANCHA y FEDERACION AUTISMO CLM.
Posible delito de «prevaricación»
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha presentado un escrito dirigido a la Fiscalía General del Estado instando a este organismo a «investigar» si hay un delito de prevaricación por parte del Gobierno regional en la revisión de algunas prestaciones a dependientes, ya que, tal y como aseguran, se está incumpliendo de forma «sistemática y continua» una norma estatal «con la única intención de rebajar» las ayudas asignadas a personas dependientes.
