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sábado, 21 diciembre
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El PSOE confirma que irá al Constitucional por la reforma del Estatuto

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El PSOE ha confirmado que buscará el amparo de Tribunal Constitucional, mediante un recurso ordinario, para frenar la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha con el fin de reducir el número de diputados en el Parlamento autonómico si el PP no acepta antes que pase por el recurso previo de inconstitucionalidad que ambos partidos han pactado recuperar.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en Toledo el diputado nacional del PSOE Alejandro Alonso, que ha pedido a los ‘populares’ que si sacan adelante esta reforma en el Congreso de los Diputados, la sometan al referendo constitucional «al que van a ser sometidos todos los estatutos de España por consenso del PP y de PSOE».

«El PSOE está dispuesto a hablar de todo con el PP pero no puede aceptar reformas unilaterales del Estatuto, que no tienen consenso alguno en el origen», ha indicado Alonso, quien ha añadido que esta reforma estatutaria tampoco está «avalada jurídicamente, es inconstitucional y tiene menos consenso que el Plan Ibarretxe».

UNA PRESIDENTA «NERVIOSA»

Una reforma que, a juicio de Alonso, solamente se justifica por el «miedo» de la presidenta de regional, María Dolores de Cospedal, a perder las próximas elecciones autonómicas. «No aceptando someterlo al recurso previo demuestra que es una presidenta nerviosa y que no quiere para la región lo mismo que para otras comunidades autónomas».

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«Eso nos hace ver que es una política nerviosa y peligrosa, que puede tomar decisiones como esta, que no solo son inconstitucionales sino que pueden traer graves consecuencias», ha indicado, para afirmar que si se convocan elecciones en Castilla-La Mancha con esta reforma ya recurrida por el PSOE de forma ordinaria, puede haber una sentencia en contra del Constitucional que anule los comicios.

Finalmente, ha insistido en que lo que pretenden los ‘populares’ con esta reforma es hacer «un pucherazo electoral». «Es el intento de hacer una reforma electoral basada en sus necesidades con un planteamiento que no tiene lógica y es inconstitucional», ha concluido.

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