El presidente del CERMI de Castilla-La Mancha, Luis Perales, ha reclamado que se empiece a destinar cuanto antes, y no esperar a 2020 como establece la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la obligatoriedad de que los presupuestos regionales destinen un 1 por ciento del PIB regional a financiar las políticas en favor de la discapacidad.
Perales ha realizado esta petición durante un desayuno informativo celebrado en Toledo con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, donde ha explicado que si se empieza a implementar esa obligación y se periodifica de manera progresiva «costará menos» hacer ese esfuerzo de destinar ese 1 por ciento del PIB comprometido.
No obstante, ha defendido que esta ley, que publica este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y entrará en vigor en un mes, es «el mayor logro que se ha conseguido», pues es una ley «ejemplar» y «pionera», que esta reclamando la atención de otras comunidades autónomas, que ya se han interesado por la norma.
Especial valor ha otorgado el responsable regional del CERMI al hecho de que la ley saliera adelante con el apoyo de los dos grupos políticos que conforman las Cortes regionales, algo, a su modo de ver, «imprescindible» para una normativa de «tanto calado y repercusión» como ésta.
INCREMENTAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO
De igual modo, Perales ha puesto en valor la apuesta que esta ley hace por integrar en el mundo laboral al colectivo de discapacitados, pues persigue incrementar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad del empleo y dignificar sus condiciones de trabajo.
«Aunque nada es perfecto, esta ley casi lo es», ha reconocido Perales, que ha señalado que con la publicación de la ley en el DOCM no acaba el trabajo, sino que empieza, porque quedan muchos flecos pendientes a desarrollar.
En otro orden de cosas, ha lamentado que en Castilla-La Mancha «no se ha sabido aprovechar el uso de los fondos europeos» para discapacidad, al tiempo que ha avanzado que ahora el CERMI está en contacto con la Consejería de Empleo y Economía para estudiar de qué modo se puede beneficiar el sector de estos recursos.
INFORME DE IMPACTO DE DISCAPACIDAD
Por su parte el gerente del CERMI, José Antonio Romero, hay incidido en que hay cuestiones en la ley que son de «inmediato cumplimiento», como la elaboración del informe de impacto de discapacidad que afecta a todas las consejerías y que se tienen que diseñar «ya».
La misma importancia ha otorgado a la creación de la Estrategia Regional de Discapacidad, en la que se deben implicarse Gobierno y otras administraciones, así como a la modificación de la Ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha que ha de acometerse en un plazo de 18 meses, como contempla la ley.
Romero ha explicado que el año próximo el Consejo de Gobierno tiene que desarrollar un reglamento de actuación para ver cómo se va a articular la reserva de los contratos de la administración en materia de gestión de centros especiales de empleo.
Y es que, según recoge la norma, la Administración Autonómica reservará la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, suministros y gestión de servicios públicos a centros especiales de empleo, cuando al menos el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.
Por último, en materia de Educación, el gerente del CERMI ha dicho que el departamento que dirige Marcial Marín también tiene que desarrollar «ya» todo lo que tiene que ver con educación inclusiva y con el apoyo especifico a alumnos con necesidades especiales.
