Castilla-La Mancha cerró 2013 con un déficit provisional equivalente al 2,13 % de su PIB, frente al 1,3 % marcado como tope por el Gobierno, por lo que sobrepasó ese límite en casi ocho décimas, según los datos ofrecidos por el ministerio de Hacienda.
Castilla-La Mancha había remitido al Ministerio un déficit del 1,24 % del PIB regional, por debajo del objetivo del 1,30 %, si bien la Junta no computaba otro 0,8 % que corresponde a dos circunstancias «excepcionales», catalogadas como «one-off», es decir, hechos singulares que no tendrán permanencia en el tiempo.
Se trata de los 212,3 millones de euros que se deben devolver a las compañías eléctricas por el Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente ingresado entre 2001 y 2012 y anulado por el Tribunal Constitucional y de los 65 millones de euros que se deben abonar a la Seguridad Social por la regularización del IVA de obras entregadas entre 2007 y 2011.
