Celebramos este 6 de diciembre el 35 aniversario de la Constitución Española de 1978 que fue fruto del generoso acuerdo de todas las españolas y españoles, y que nos ha proporcionado el marco más largo de convivencia estable de nuestra historia.
Este aniversario se celebra en un momento extraordinariamente difícil para muchas personas que se sienten azotadas por una grave crisis económica, cuya consecuencia dramática es la perdida de cualquier expectativa vital. Esta crisis económica ha derivado en una preocupante desafección de la ciudadanía hacia la política y en una progresiva desconfianza hacia las instituciones.
Los hombres y mujeres socialistas hemos escuchando, con sumo respeto y atención, este incesante clamor ciudadano y queremos que esta celebración no sólo sirva para hacer un homenaje retórico a la Constitución sino también para proporcionar respuestas constructivas a los múltiples problemas que aquejan a España y a los anhelos de su ciudadanía.
Hasta el momento, las reformas promovidas en los dos últimos años han debilitado las estructuras del Estado de Bienestar, recortado derechos sociales, laborales y servicios públicos. A partir de ahora, estamos viendo la llegada de una oleada de leyes y de políticas que pueden afectar gravemente a los derechos civiles, políticos y a las libertades y garantías que se fundan en la Constitución que hoy conmemoramos.
El principal problema de nuestro país sigue siendo la crisis económica y los casi seis millones de hombres y mujeres sin empleo. Por eso proponemos un pacto contra la crisis, que haga del crecimiento, la creación de empleo y la mejora de nuestra competitividad, una prioridad política. Este pacto se concretaría en una Estrategia Global de Recuperación que siente las bases para la reactivación económica e impulse la creación de empleo de calidad.
Nuestra propuesta para la salida de la crisis económica defiende, además, un planteamiento solidario, que incluya a toda la ciudadanía, preservando la igualdad y evitando la construcción de una sociedad dual, que trata de forma desigual a los ciudadanos y ciudadanas en función de su capacidad económica.
En este Aniversario tenemos la obligación de defender el estado del bienestar, y un sistema público de calidad para la sanidad y la educación que garantice la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Los hombres y mujeres socialistas sostenemos, asimismo, la necesidad de combatir con todos los medios a nuestro alcance el rostro más perverso de la desigualdad: la violencia de género.
Proponemos una reforma estructural del sistema fiscal, que pasa por un conjunto articulado de medidas: el rescate a los parados, los pensionistas y a los trabajadores y trabajadoras con hijos a su cargo, con el objeto de que no paguen el impuesto sobre las rentas de las personas físicas y tengan un aumento de su renta disponible; el aumento de la presión fiscal a las grandes fortunas; el incremento progresivo del impuesto de sociedades; y la elaboración de una Ley Antifraude, que corrija los vacíos legales o de interpretación descubiertos por la inspección fiscal.
Recuperar la confianza en las instituciones requiere medidas decididas y claras. Un combate eficaz contra la corrupción hace imprescindible la reforma de la Ley de financiación de los partidos políticos, con filtros eficaces en la prevención y con un endureciendo de las sanciones administrativas y penales.
Del mismo modo, la desafección ciudadana hacia las instituciones democráticas hace necesaria una mayor transparencia y una mejor explicación de la gestión de todos sus representantes. La transparencia tiene que afectar a todas las esferas políticas e institucionales, empezando por los miembros del Gobierno y los cargos de confianza, los cargos electos, la Casa del Rey, los órganos constitucionales, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las confesiones religiosas, las empresas concesionarias de servicios públicos, las fundaciones públicas y todas aquellas entidades sociales e institucionales que reciban fondos públicos.
Los derechos y las libertades que ha consagrado nuestra Constitución han servido para que construyamos una democracia sólida y madura, que nos permite hoy hacer real el espíritu constitucional y propugnar la neutralidad del Estado en materia religiosa y que prevalezca la laicidad en los espacios públicos. Al mismo tiempo que el Estado garantiza los derechos y el ejercicio de la libertad religiosa de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad.
La actual tensión territorial de nuestro país necesita la respuesta de una democracia madura, que fortalezca y estabilice nuestro marco de convivencia y preserve la cohesión de nuestra sociedad. Entendemos que una propuesta federalista puede permitir solventar las actuales disfunciones y tensiones de nuestro Estado de las Autonomías, dando una mejor cabida a las diferentes singularidades de nuestros territorios, reforzando la necesaria cooperación entre las Comunidades Autónomas y preservando la igualdad de todos los españoles y españolas.
Un balance sosegado de los 35 años de democracia nos da un resultado positivo que debemos saber transmitir a las generaciones más jóvenes. España ha conseguido las mayores cotas de libertad e igualdad, y el periodo más largo de convivencia pacífica de su historia. Para preservar todo lo que juntos hemos conseguido, propugnamos en este Aniversario que juntos adaptemos la Constitución de 1978 a la experiencia acumulada y a la realidad del siglo XXI, lo que permitirá que las próximas generaciones reciban un marco constitucional de convivencia mejor dotado para afrontar los retos del futuro.
