A los jubilados o pensionistas que nos mantenemos con la pensión (contributiva o no contributiva) se nos está utilizando tan descarada e injustamente por parte de las administraciones que, además de ser muchos los estafados por el consentido juego sucio de las Cajas de Ahorro, y recortarnos derechos adquiridos en la Seguridad Social, etc. , ahora se nos dice que «como ya no quedan fondos en la hucha» nos toca reponerlos y apechugar con la parte que nos corresponda para salir de la crisis. Lo que quiere decir, que eso de disfrutar los pocos años que nos queden de vida, de los derechos adquiridos que teníamos hasta ahora, según van las cosas se ha terminado.
Sin embargo, no debemos perder la esperanza -se nos dice- ya que los gobernantes están trabajado incansablemente, para recuperar lo antes posible el bienestar general que teníamos antes de la crisis, aunque resulte difícil creerles.
Pero vaya, el viernes último en el consejo de ministros se han aprobado unas enmiendas a otras tantas leyes (creo que sobre 40) con el fin de atajar la corrupción política que tanto daño está originando en nuestra sociedad y de manera brutal a las clases medias y a las familias mas desfavorecidas. Es lo que puede leerse en un artículo de un periódico de ámbito nacional, que en letras de gran tamaño y en negrita dice: «El gobierno intenta poner coto a los gastos de cargos públicos».
Como ciudadano corriente, interesado respecto de la política económico-social que se está llevando a cabo para combatir la crisis, me leo el escrito y en sus primeros párrafos veo que, aunque demasiado tarde, se establecen unas normas que si la justicia actúa y es imparcial, sin ninguna duda, podría mejorar la situación ostensiblemente. Se habla incluso de una norma para que «la corrupción política no se eternice». También habrá una normativa sobre «el ejercicio del cargo público» para que los ciudadanos sepamos qué obligaciones y qué derechos tiene quién lo ejerce, entre lo que está la obligación de no usar la tarjeta de crédito.
Y ya puesto, anoto una tercera norma donde «se facilita la persecución al corrupto y la recuperación de los bienes procedentes de sus actividades delictivas». Y aunque esto último no creo que sean tantos los que se lo crean, por mi parte rogaría a quienes corresponda, que para recuperar credibilidad el gobierno, exija su inmediato cumplimiento.
No esperemos a que crezcan las multitudinarias manifestaciones de protesta, llevadas a cabo por los colectivos mas emblemáticos y en las ciudades mas importantes del país, ya que la imagen que estamos dando al mundo entero deja mucho que desear respecto a lo que debería ser la marca España.
También, porque si la vía abierta por la que navegamos sin flotador no se cierra, las consecuencias podrían ser imprevisibles.
