La Guardia Civil, el marco de la operación “RONO”, ha detenido a catorce personas y ha imputado a otras dos, por introducir especies no autóctonas de caza mayor en el medio natural con peligro para el equilibrio biológico.
Han sido inmovilizados 22 especímenes de ciervo que provenían de una granja alemana y otros 25 en algunas de las fincas implicadas en la operación poniéndolos a disposición judicial para la realización de pruebas periciales y científicas.
Las investigaciones se iniciaron a principios de año cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) tuvo conocimiento de que una persona, residente en Navarra, había ofrecido ejemplares de animales de caza mayor a los titulares de varios cotos privados de caza de Ciudad Real.
Estos animales, que procedían de granjas ubicadas en otros países europeos, eran liberados en los terrenos de estos cotos para renovar las líneas genéticas de los animales autóctonos y mejorar sus trofeos.
Los especímenes eran seleccionados en origen bajo criterios de edad, género y dimensiones de los trofeos, primando aquellos ejemplares que estuvieran dotados de grandes cuernas puesto que la demanda de las fincas de destino así lo exigía.
Alteraban el número de autorización administrativa
Los animales eran transportados desde su lugar de procedencia a través de transportistas de ganado autorizados internacionalmente y una vez obtenidos los certificados intracomunitarios necesarios, se alteraba el número de autorización administrativa y su destino para poder soltarlos en terrenos enclavados en comunidades autónomas que tienen restringidas estas sueltas. Se han confirmado actuaciones de este tipo en las provincias de Ciudad Real, Cáceres y Teruel.
Simultáneamente, los propietarios de las fincas a las que iban destinados, solicitaban autorizaciones para realizar sueltas de ejemplares de la misma especie, aunque éstos procedían de fincas ubicadas en España y contaban con las autorizaciones y los controles sanitarios necesarios. De este modo, los ahora detenidos, tenían un respaldo documental ante la Administración en el caso de que se produjera una inspección. No obstante, las sueltas autorizadas nunca llegaban a producirse y sólo se soltaban los animales introducidos ilegalmente.
Durante el curso de la investigación se ha constatado que en dos de los transportes realizados se introdujeron varios ejemplares infectados de tuberculosis, lo que provocó un riesgo de contagio para la fauna cinegética y la cabaña ganadera de la zona.
El único objeto de esta actividad ilícita era obtener mayores rendimientos económicos, aprovechando el hecho de que los cazadores aprecian los trofeos de los animales abatidos según su tamaño, aunque éstos ignoraban que las piezas adquiridas eran especímenes alóctonos o hibridados que, en ningún momento, podrían superar los controles de las Juntas de Homologación de Trofeos de Caza.
Consecuencias ecológicas
La introducción de estos ejemplares en ecosistemas de nuestra geografía sin las debidas garantías sanitarias puede dar lugar a la propagación de nuevos agentes infecciosos o de nuevas variantes de agentes infecciosos ya existentes, lo que puede provocar consecuencias negativas tanto para la conservación de la fauna autóctona, como para la sanidad animal y, en último término, para la salud pública.
Otra consecuencia de este tipo de actuaciones es el daño que puede producirse en el equilibrio ecológico del ecosistema en el que se produce la suelta así como la hibridación de la fauna autóctona con la que entran en contacto.
La Guardia Civil ha realizado numerosas gestiones y comprobaciones con diversas autoridades y organismos, tanto de la administración central como de órganos periféricos de distintas comunidades autónomas competentes en materia de caza, trazabilidad y sanidad animal. Por su parte, las gestiones necesarias con otros países europeos han sido realizadas por la Guardia Civil a través de Europol.
Esta actuación ha dado origen a un estudio genético realizado a partir de muestreos realizados en las fincas implicadas. Este estudio arrojará información determinante para la investigación una vez que se contrasten los resultados con los datos obtenidos con fines científicos.
La explotación de la operación se ha saldado con la detención de catorce personas residentes en las localidades de Artica-Berrioplano (Navarra), Zarza la Mayor (Cáceres), Valdetorres del Jarama (Madrid), Villanueva de Infantes (Ciudad Real), Zaragoza y Madrid, por delitos relativos a la protección de la fauna, flora y animales domésticos. Otras dos personas en Madrid y Ciudad Real han sido imputadas por los mismos delitos.
