El secretario de Educación del PSOE en la provincia de Ciudad Real ha asegurado que el sistema público de enseñanza de Castilla-la Mancha ha sido el más castigado de entre todas las comunidades autónomas del país al haber perdido 4.500 puestos de trabajo desde que María Dolores de Cospedal asumió el Gobierno regional en mayo de 2011, afirma.
Esa cifra extraída de un avance estadístico del Ministerio de Educación supone una reducción del 14,3%, porcentaje que prácticamente duplica a las pérdidas de la comunidad que precede a Castilla-La Mancha en cuanto a destrucción de profesionales de la Educación pública.
Navarro ha manifestado que las políticas de Cospedal y su consejero de Educación, Marcial Marín, están haciendo un “daño incalculable” en Castilla-La Mancha, “este daño es todavía más acentuado en Ciudad Real por ser la provincia que peor parada sale de toda la región”, pues de los cerca de 4.500 docente menos que hay, 1.100 (el 25%) corresponden a la provincia de Ciudad Real.
Navarro afirma que Cospedal llevó al poder “se encontró con una plantilla de docentes idónea para sacar adelante el que ya era uno de los mejores y más dotados sistemas públicos de enseñanza de España”, un total de 7.800 profesores y maestros reducidos hoy a 6.606 tras los recortes del Gobierno regional. Es decir, 1.200 profesionales menos en la provincia ciudadrealeña, un dato tan demoledor que de hecho la convierte en el territorio de todo el país donde más se puestos de trabajo docente se han destruido.
Para Francisco Navarro “queda claro que no encontramos en España ninguna otra región ni provincia como la de Ciudad Real a la que se le haya hecho tanto daño en su Educación pública”, un daño que ha enmarcado exclusivamente en razones ideológicas “en un intento de degradar y minimizar la enseñanza pública para convertirla de segunda frente a la privada concertada”.
“Afortunadamente –ha dicho el secretario provincial de Educación del PSOE de Ciudad Real- esta política tiene los días contados porque ha generado el rechazo unánime de la inmensa mayoría de los docentes, del conjunto de la comunidad educativa y de la mayoría social de nuestra provincia y de nuestra región”, quienes no confían en la capacidad de rectificación de Cospedal y del consejero Marín, “pero estamos seguros de que no les queda mucho tiempo para seguir haciendo daño a la educación pública de nuestra tierra”.
Navarro se ha ratificado en la denuncia del PSOE sobre los nombramientos “inauditos” de hasta 22 presidentes para tribunales de oposiciones a maestros que son dirigentes del Partido Popular, ex cargos o familiares directos, ratificación en todos los términos salvo una corrección, y es que uno de estos nombramientos no se corresponde con la prima de una teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. “pedimos perdón porque, evidentemente, no era la prima, sino que era su hermana”.
Ha señalado Navarro que desde el PSOE se está siguiendo con “enorme preocupación” el proceso de las oposiciones al Cuerpo de Maestros debido a los errores inexplicables que han obligado a repetir pruebas y al gran malestar que ha generado en una mayoría significativa de los opositores.
Asegura el responsable socialista que están recibiendo numerosas quejas de maestros y maestras que están participando en las oposiciones y que relatan “situaciones anómalas” cuanto menos, entre ellas, que las notas del primer ejercicio son anormalmente bajas comparadas con oposiciones anteriores, que las solapas de los sobres que contenían los ejercicios escritos llegan sin firmar y que supone una significativa merma en las garantías, hechos que están multiplicando las reclamaciones administrativas y que Navarro cree que podrían desembocar en contenciosos posteriores poniendo en cuestión todo el proceso de oposiciones.
Respecto a la justificación que dio ayer mismo el consejero de Educación cuando argumentó que las pruebas habían sido más exigentes, Navarro ha respondido que los procesos de oposición han sido siempre exigentes por naturaleza, y registraban un porcentaje de aprobados en la primera fase de entre un 40 y un 50%, cuando ahora ha sido del 25%, por lo que “esperamos que estas palabras no signifiquen que los tribunales hayan podido recibir algún tipo de indicación o sugerencia política por parte de la Consejería para ajustar las notas de los opositores, porque de ser así sería muy grave”, ha concluido Navarro.
