La portavoz de Asuntos Sociales en las Cortes de Castilla-La Mancha y presidenta del PSOE regional, Matilde Valentín, ha señalado hoy que “la única realidad de la aplicación de la Ley de la Dependencia es que, desde el 1 de Enero hasta hoy, solo este año, 1.500 familias han perdido el derecho a ser beneficiarias de la Ley”.
Así se pronunciaba en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que valoraba la publicación, hoy, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de una nueva orden para la aplicación de esta norma en la región.
Valentín, se preguntaba, en primer lugar, “si ya existe una Ley que fija con mucha claridad cuáles son los requisitos para poder ser beneficiario y qué derechos le corresponde a cada ciudadano, y si esa misma Ley deja en manos de los profesionales, de los técnicos, tanto la valoración como la atención de cada dependiente, por qué aprueba el Gobierno de Rajoy un decreto en mayo y el Gobierno de Cospedal ahora una orden en agosto”.
Y se respondía a si misma: ”Porque desde que han llegado al Gobierno, su único objetivo es recortar, recortar y recortar en la Ley de la Dependencia y en el resto de las políticas sociales”.
La socialista señalaba que la nueva orden regional sobre dependencia lo único que hace es aumentar las trabas administrativas de los ciudadanos que quieren acceder a una prestación y ponía como ejemplo el hecho de que los atrasos que se les deben a los dependientes, “que el Gobierno de Rajoy dijo que había que prorratear e ir pagando durante cinco años ahora dice Cospedal que hay que pagarlos durante ocho años”.
Matilde Valentín también abordaba hoy la reforma local que ha empezado a tramitar el Gobierno de España y sus efectos en los servicios sociales municipales. Decía que esta reforma “pone en riesgo los servicios sociales que prestan los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Es decir, al 98,5 por ciento de los ayuntamientos de la región”.
Según la dirigente socialista, el texto que el Consejo de Ministros ha aprobado en fase de anteproyecto “con la oposición no solo de todos los grupos parlamentarios de la oposición, sino de los alcaldes del PP y del Consejo de Estado”, prevé trasladar las competencias que ahora tienen los ayuntamientos en la prestación de los servicios sociales básicos a las Diputaciones, “unas instituciones que no son elegidas mediante voto directo por los ciudadanos”.
De esta manera, se preguntaba “qué va a pasar con las 185 residencias para personas mayores que son de titularidad municipal en la región, o con las 40.000 personas que reciben el servicio de ayuda a domicilio a través de los ayuntamientos”.
Y concluía Valentín alertando sobre los 7.000 puestos de trabajo actuales que dependen de estos servicios municipales y asegurando que le daba “toda la impresión de que lo que se busca es o que se deje de prestar el servicio, o que se privatice allí donde sea rentable prestar el servicio”
