La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha hecho efectivo un nuevo convenio de colaboración con Cáritas Guadalajara y ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración) para desarrollar sendos programas de atención residencial de urgencia destinados a personas que presentan una situación de especial vulnerabilidad.
La directora general de Menores y Promoción Social de Castilla-La Mancha, Silvia Valmaña, ha anunciado hoy en Guadalajara, que la firma de estos dos convenios, por un importe superior a los 300.000 euros, demuestra “el claro compromiso del Gobierno de María Dolores de Cospedal con los colectivos más sensibles”.
En este sentido, Valmaña ha destacado el esfuerzo realizado por el Ejecutivo regional “para dotar de recursos a las personas que están en una situación de exclusión crónica, en muchos casos”, al tiempo que ha recordado que “esta iniciativa es una apuesta no sólo por la atención meramente asistencial sino que tiene gran importancia trabajar para lograr su inclusión en la sociedad”.
Acuerdo con Cáritas
El acuerdo suscrito con Cáritas Guadalajara servirá para facilitar alojamiento de urgencia y atención temporal, por un plazo de siete días a tres meses, a treinta personas que presenten dificultades.
Con esta iniciativa, según ha señalado la directora general, “pretendemos establecer un nuevo modelo de atención residencial destinado a personas que están atravesando situaciones especiales o de exclusión social para atender las nuevas realidades sociales”.
Este programa, al que se han destinado 180.000 euros, además de alojamiento incluye la manutención, vestido y calzado, reconocimiento médico y diseño del Plan de Atención Social. Asimismo, prevé cinco plazas de atención residencial para personas sin techo que vivan en espacios públicos.
Convenio suscrito con ACCEM
Por otra parte, Valmaña ha explicado que el convenio suscrito con ACCEM tiene por objeto la gestión de cinco dispositivos de alojamiento en la región dirigidos a jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y 24 años, que estén o hayan estado bajo alguna medida de protección administrativa o judicial.
Valmaña ha explicado que este acuerdo “ofrecerá apoyo personal, residencial, formativo-laboral o económico para facilitar la autonomía e integración en la sociedad de estas personas”.
Este programa regional cuenta con treinta plazas distribuidas en cinco centros, con seis plazas por provincia, y su financiación asciende a 128.000 euros.
