El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha han derogado parcialmente la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, y totalmente la Ley que crea la Indicación Geográfica de Vinos de la Tierra de Castilla, con los votos en contra del PSOE y el voto favorable de la mayoría ‘popular’.
La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha defendido que la derogación de esta ley «es dar vida al sector vitivinícola y darle futuro» pues representaba la normativa «más perjudicial de toda España» y que afectaba a «90.000 explotaciones vitivinícolas y a más de 500 bodegas» de la región.
Soriano ha argumentado que es una ley que ponía «mucha más burocracia al sector», que provocaba que muchas familias «vieran sus viñedos arrancados por considerarlos ilegales, cuando les faltaba un papel» o que establecía «sanciones diez veces superiores a la normativa nacional».
Asimismo, ha destacado que con esta derogación se mantiene «el compromiso de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, para eliminar el impuesto del vino que hace a las explotaciones mucho menos competitivas».
Para el PSOE la derogación perjudica al sector
Por su parte, el diputado del PSOE José Luis González ha lamentado que la derogación de esta ley «no hace nada bien» al sector vitivinícola que recoge las necesidades de 70.000 familias en la región y 719 bodegas, dejando a la región sin una regulación propia como tienen otras comunidades como Valencia o Andalucía.
Asimismo, ha señalado que con esta derogación el Gobierno regional está incumpliendo el compromiso de hacerse cargo del fondo de promoción vitivinícola y que «no ha asumido y para el que no ha puesto ni un solo euro». «Han engañado al sector», ha asegurado.
Para el PP «se da respuesta a escollos, problemas y trabas que tenían los viticultores»
De su lado, el diputado ‘popular’ Antonio Martínez ha asegurado que con la derogación de esta normativa «se da respuesta a escollos, problemas y trabas que tenían los viticultores» y a un sector que es muy importante en la región.
En la misma línea la diputada del PP Carolina Hernández ha defendido que representantes del sector vitivinícola han pedido la derogación de esta ley y que sean los socialistas los que ponen trabas a lo que es un «clamor» de los profesionales.
