El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adoptado hoy dos medidas sobre las viviendas de su propiedad, y por un lado, ofrece la posibilidad de aplazar el pago del alquiler a los inquilinos que estén en dificultades económicas, y por otro rebajará una media del 27 % el precio de venta de sus viviendas.
Este ha sido uno de los acuerdos adoptados hoy por el Consejo de Gobierno, del que ha informado la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada.
Ha explicado que se ha tomado en consideración el proyecto de decreto por el cual los inquilinos de viviendas de alquiler propiedad de la Junta podrán aplazar el pago o fraccionarlo, medida de la que se podrán beneficiar 1.500 familias que cumplan los requisitos estipulados.
Es una medida temporal, por dos años, mediante la cual se brinda a esas familias la posibilidad de pagar las rentas de forma aplazada e incluso suspender temporalmente el pago del alquiler.
De la Calzada ha resaltado la vocación social de esta iniciativa destinada a proteger a los inquilinos que por causas económicas justificadas tienen dificultades para pagar el alquiler.
Asimismo, se hará una modificación normativa para que la Junta pueda ceder parte de sus viviendas a entidades sin ánimo de lucro con el fin de destinarlas a familias en situación de especial marginación o exclusión social, algo que hasta ahora no estaba permitido en la legislación de vivienda de la comunidad.
Por otro lado, para dar salida al stock de viviendas de protección oficial que están vacías, y que asciende a 800, el Gobierno regional va a poner la mitad en alquiler con opción a compra (el 70 % de ellas tendrá un alquiler inferior a los 200 euros mensuales), y la otra mitad tendrá una rebaja media del precio de un 27 %.
De la Calzada ha señalado que se da la circunstancia de que ahora la vivienda libre es más barata que la protegida, de hecho, mientras la primera ha bajado su precio un 10,3 por ciento, la de protección ha subido un 0,5 %.
Con estas medidas, ha subrayado la consejera, se resuelven dos problemas fundamentales, pues se atiende a los arrendatarios con dificultades económicas debido a la crisis, y se contribuye a disminuir el stock de vivienda vacía de la Junta.
