Las plataformas ciudadanas STOP Biometano de quince municipios de Castilla-La Mancha han enviado una carta institucional a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en la que expresan su “más firme protesta, rechazo y preocupación institucional” por las declaraciones realizadas el pasado 13 de enero durante su intervención en la televisión pública regional, en defensa del Plan Regional de Biometanización 2024-2030.
En el escrito, al que ha tenido acceso Noticias Tomelloso, las plataformas acusan a la consejera de “omitir deliberadamente” el rechazo social al plan, ya que “durante la primera fase se presentaron más de 13.400 alegaciones, de las cuales más de 9.400 procedían únicamente de la Plataforma de Socuéllamos”.
También reprochan que Gómez haya pasado por alto las alegaciones presentadas por la propia Consejería de Sanidad, “que advertían sobre los riesgos sanitarios no considerados, límites de distancia insuficientes para las plantas y el riesgo de escapes de gases que afectan a la salud respiratoria y la contaminación de acuíferos”.
“Eludir esta información constituye una manipulación consciente de la realidad, destinada a minimizar la magnitud de la oposición social”, denuncian las plataformas, que representan a municipios como Tomelloso, Socuéllamos, Manzanares, Daimiel, Valdepeñas o Campo de Criptana.
Una de las críticas más contundentes se dirige a la afirmación de Gómez de que, ante la falta de un plan aprobado, “no hay distancias, las que quiera establecer el municipio”. Para las plataformas, esta declaración “contiene una acumulación de errores jurídicos, falsedades objetivas, desviaciones de responsabilidad y acusaciones improcedentes que no pueden quedar sin respuesta”.
Subrayan que, aunque no exista normativa autonómica, “el marco jurídico europeo y estatal sí establece obligaciones claras en materia de protección de la salud y del medio ambiente”, por lo que afirmar que no existen distancias “es una declaración técnicamente falsa y jurídicamente insostenible”.
Además, critican que se pretenda trasladar a los ayuntamientos la responsabilidad de fijar estas distancias: “Pretender que los municipios asuman esta responsabilidad constituye una dejación de funciones por parte de la Junta de Comunidades y una desviación de poder”.
Las plataformas también tachan de “ofensiva e improcedente” la afirmación de la consejera de que se está “boicoteando” la aprobación del plan. “La ciudadanía no está boicoteando nada: está ejerciendo un derecho democrático esencial”, sostienen, recordando que la presentación de alegaciones es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y la legislación vigente.
Sobre la gestión del digestato —residuo derivado del proceso de biometanización—, alertan de que su impacto ambiental y sanitario ha sido minimizado por la Consejería. “Entre el 85 % y el 95 % de la masa inicial de residuos se convierte en digestato. Es decir: por cada 100 toneladas de residuos, se generan entre 85 y 95 toneladas de un residuo nuevo, más inestable y difícil de gestionar”, advierten.
Respecto a la afirmación de que el plan “no fomenta la construcción de plantas, sino que regula cómo deben instalarse”, responden que la falta de distancias mínimas, garantías sanitarias y normativa autonómica específica convierte esta supuesta regulación en “un marco que, de facto, facilita la implantación de plantas sin control suficiente”.
Por todo ello, las plataformas STOP Biometano exigen una rectificación pública de las declaraciones de Mercedes Gómez, así como la elaboración urgente de una normativa autonómica “garantista” que regule distancias, emisiones, digestato, riesgos sanitarios y condiciones de implantación. “La ciudadanía está defendiendo su salud, su territorio y sus derechos. Y no aceptará que se la descalifique, se la manipule o se la responsabilice de las carencias de un plan que la propia Administración ha elaborado sin el rigor técnico, jurídico y ambiental que exige la ley”.
