Ramón González fue Alcalde de Tomelloso, vicepresidente de la Diputación y Diputado en las Cortes Regionales. Es maestro, columnista, director de Cáritas Interparroquial y presidente de la comisión de relaciones externas de AFAS. Es conocido, vehemente, cercano, tiene hechuras de senador romano y sonrisa bizantina, pero plácida y sin doblez. Hace unos días pudimos comprobar en un acto de las Nuevas Generaciones del PP —al que asistió en su condición de director de Cáritas a recoger el premio con el que NN.GG. distinguió a la Organización; personalmente no asiste a ningún acto político desde que dirige Cáritas—, que sigue siendo un referente en el Partido Popular, no en balde fue quien consiguió la primera victoria de la formación en nuestra ciudad.
Nos reunimos con él para hablar de política, de ese oficio tan denostado y a la vez tan noble. Queremos saber su opinión sobre la política actual. «Es una pregunta que algunas veces esquivo, sobre todo si el ambiente puede resultar polémico u hostil. Por otra parte poco importa lo que yo opine, más allá, de lo que enjuicie un ciudadano normal. Pero no tengo ningún inconveniente en pronunciarme al respecto. Y cómo mi único amor en política se llama Tomelloso mis opiniones sólo son sobre política de gestión municipal y nunca sobre los políticos, su gobierno y sus consecuciones. Creo que más importante que lo que se diga es lo que se hace, más consistencia tienen los hechos que las palabras».
Los impuestos, los ciudadanos mantenemos la “cosa pública” con nuestros dineros (cada vez más escasos, por cierto). Estos no paran de subir y pagamos lo nuestro y lo de los defraudadores. «Antes de subir impuestos hay que eliminar el fraude, perseguir con dureza a los “golfos” e insolidarios ¿ciudadanos? que se aprovechan de la buena fe de otros. Por eso yo revisé los padrones de los bienes reales sustento de la acción impositiva, puse en funcionamiento un sistema eficaz, eficiente, riguroso y no arbitrario de recaudación de tributos, suprimiendo el anterior, y bajé los impuestos, unos de manera absoluta y otros en relación al IPC de entonces. Es decir para que todos pagasen menos es necesario que nadie se quedase sin pagar y era preciso que la gestión de cobro fuese adecuada y barata. Todo ello me costó muy caro personalmente».
El gobierno nos dice que es imprescindible el pago de la deuda para poder crecer, ¿no hay otra salida? «Cuando la deuda ahoga el presupuesto y su capacidad de seguir prestando servicios no queda otro remedio que corregir ese desequilibrio de exceso de deuda o de déficit en la ejecución presupuestaria. Yo tomé como política económica la “opción 0” en deuda, y no se contrajo más deuda que las mismas cantidades en que se reducía la carga financiera».
Siempre que se habla del pago de la deuda, de los recortes y de apretarse el cinturón los ciudadanos, hay que nombrar, necesariamente, de los sueldos de los políticos; de los cargos públicos, sobre todo los de libre designación, de “confianza”. «Pues lo mismo que anteriormente, creo en lo que hice, y lo que se hizo fue reducir el número de liberados con cargo al Ayuntamiento de 5 a 2 y a esas dos personas, excelentes concejales con dedicación exclusiva, se les asignó un sueldo equivalente a su situación administrativa y académica en la vida laboral ordinaria de la cual procedían, ambos con su vida económicamente resuelta al margen de la política. De mis cuentas personales respecto de mi actividad política tampoco tengo inconveniente en hablar documentalmente. Como vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real nombré secretario de la vicepresidencia a un funcionario de la Diputación, no se contrató a nadie de fuera. Para el nombramiento de esa persona pedí sólo y exclusivamente información laboral y currículum administrativo y académico. Me dio un excelente resultado».
Hablamos de políticas sociales, ¿cómo se conjugan con los tiempos que corren? «No creo en que todo el mundo tenga que tener todo gratis, pienso que todas las personas deben tener acceso a los servicios generales básicos y que deben ser de facilísimo acceso algunos consagrados como derechos fundamentales en la Constitución. Nadie debe quedar sin protección, pero el pago de tasas en función a los niveles de renta no es excluyente ni discriminatorio, es justo, solidario y participativo, especialmente cuando nos referimos a servicios complementarios. Y cuando se dice niveles de renta se suponen sin la consideración de la procedencia de la renta, ¿acaso es más justo que un pensionista de 2200 euros al mes no pague alguna prestación por el hecho de ser “jubilado” y sí pague, esas mismas atenciones, un padre de familia que percibe no más de 1000 euros mensuales? La edad no debe ser el factor para la compensación en las políticas de bienestar social, el referente debe ser la renta real del beneficiario y un adecuado sistema de cruce de datos fiscales y “ostentosidad social” para que haya justicia en la aplicación de la tasa o cuota. En el comedor escolar-social, que se puso en funcionamiento en mi etapa de alcalde, los niños pagaban la tasa en función de los ingresos familiares, distintas tasas pero igual prestación. Las becas, para adquisición de libros, del municipio eran para enseñanzas obligatorias en función del nivel de renta y para los estudios universitarios estaban referenciadas al nivel económico de las familias y a la excelencia académica. No se debe becar a quienes pierden el tiempo».
Ramón González no es partidario de subvencionar todas las actividades, aunque él en su etapa de gobierno municipal lo hiciese, dejándose llevar por las circunstancias y los compromisos heredados. «Mucho menos creo en la gratuidad de las acciones lúdicas, más o menos alejadas de la acción por el desarrollo de la cultura y el deporte. Es injusto que gran parte de esas acciones las paguen quienes no las disfrutan, ¿acaso, vía impuestos, se deben aportar cantidades para corridas de toros, partidos de futbol, etc.? Esas actividades o espectáculos deben pagarlas quienes las disfruten. Aquí no me acompaña mi propia historia de gestión pública porque a veces las circunstancias obligan a ciertas acciones aún a consciencia de que no forman parte de los principios en los que se cree, pero los compromisos heredados y la presión social limitan mucho».
Nos encontramos en plena polémica sobre lo público y lo privado, sobre si es ético o razonable, privatizar servicios públicos. «Las administraciones públicas no son empresas de ejecución, son organismos de gestión y está demostrado que no siempre administración más grande, incluso sobrecargada, es más eficiente y barata. Si bien el límite entre gestión y ejecución viene determinado por la prestación de los servicios que la Constitución consagra como servicios derivados de derechos fundamentales generalizados y de calidad. Para ello y por la demostrada eficacia en la ejecución de obras y servicios, es importante la contratación con terceros para cumplir las competencias que la Ley encarga a las administraciones. La ley de contratos de las administraciones públicas prevé todo tipo de actuaciones con terceros, la forma de contratarlas, los vicios de la contratación… es sólo cuestión de cumplirla.
»Otra cosa es la labor subsidiaria, es decir aquellas acciones que deben realizar las entidades político administrativas para corregir desequilibrios y /o fomentar acciones de impulso que la sociedad no propicia. Las escuelas taller o casas de oficios, para los jóvenes que han quedado al margen de la acción formativa y que por exceso de desempleo la economía de mercado no asume, las bolsas de trabajo para las personas que el infortunio o la cronicidad de una situación les impide llevar una vida económicamente estable, los planes específicos de empleo para etapas de temporalidad entre cosechas, etc. De todo ello mi convicción se pudo hacer realidad en mi gestión y la de mi Corporación, creo en lo que hice y aquí puedo presumir sin ser presuntuoso.
»Esas acciones no entran en conflicto con la propia economía al no hurtar la posibilidad de creación de empresas que satisfagan la prestación de servicios públicos. Todo ello con la adecuada labor de inspección, control y garantía de los servicios públicos prestados por parte de entidades privadas y por supuesto el margen de beneficio en la gestión. Cualquier detalle al respecto está perfectamente regulado y puede ser aún más regulable».
Las reivindicaciones y demandas de Tomelloso nacieron en su época de Alcalde ¿qué queda de aquello? «Creo en lo que hice pidiendo
para nuestro pueblo lo que en justicia le corresponde o animando iniciativas que coadyuvasen a su consecución. Ahora la condición de ex alcalde me obliga a ser especialmente diplomático en ello. Me pronunciaré, como hasta ahora he hecho, por todas las demandadas que tiene vivas Tomelloso, pero siempre que haya unanimidad de los grupos políticos y amplia implicación social. Así lo he hecho, manifestarme cuando ha habido esa convergencia de criterios y seguiré sin hacerlo cuando temas de alto rango para nuestro pueblo entren en el camino de las batallas políticas».
Ramón González se siente comprometido con Tomelloso de por vida. «Creo que la suerte de haber sido servidor público por la confianza de los ciudadanos, de forma muy mayoritaria, me obliga de por vida a servir a Tomelloso desde los campos que la sociedad me demande y siempre que mis capacidades me lo permitan. Eso es un criterio personal derivado de mi vocación de servicio público no ligada a bien económico y de otras convicciones personales».
Por último y dado que parece que pinta mal para ello, nos referimos a la integridad de los políticos. «La mayoría de los que yo he conocido y con los que he colaborado o conmigo lo han hecho son perfectamente honrados en la gestión de los bienes públicos que en sus manos se han puesto. Y la historia me ha demostrado que los que utilizan artimañas para conseguir o desbancar del poder al final nada consiguen».
