El Pleno del Congreso ha aprobado este martes con los votos del PP y Coalición Canaria la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que abre la puerta a reducir a la mitad el número de diputados en las Cortes autonómicas, y que ha sido calificada por la oposición como un «atentado a la democracia» y un «pucherazo» del Gobierno de María Dolores de Cospedal.
De este modo, PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, BNG y Compromís-Equo han votado en contra de la iniciativa pues, tal y como han denunciado, con ella el PP de Castilla-La Mancha «está traspasando la línea roja de la democracia» y reduciendo la representatividad del las Cortes autonómicas con el único objetivo de perpetuarse en el poder.
Para la portavoz socialista Soraya Rodríguez, se trata de «un intento fraudulento partidista de utilizar de forma instrumental la reforma de una norma fundamental para modificar la ley electoral». Para el portavoz de IU, Cayo Lara, la reforma pretende además «consolidar un bipartidismo excluyente».
Por su parte, PNV y CiU han decidido abstenerse en la votación por respeto «a la voluntad autónoma» de Castilla-La Mancha, si bien han mostrado su rechazo a la reducción de diputados que persigue la reforma, al considerar que podría afectar a la representatividad parlamentaria en la región y rozar los límites democráticos. UPN y NC también se han abstenido.
ENTRE 25 Y 35 DIPUTADOS
La reforma, que ya fue aprobada por el Parlamento Autonómico en julio, propone modificar el artículo 10.2 del Estatuto para fijar una horquilla de 25 a 35 diputados. Actualmente la norma establece que las Cortes autonómicas se compongan de entre 47 y 59 diputados.
No obstante, una vez que la norma supere todos los trámites parlamentarios, la cifra concreta de diputados deberá concretarse con un cambio de la Ley Electoral autonómica, cuya modificación se llevará a cabo previsiblemente a partir de mediados del año que viene.
El Gobierno de Cospedal justifica la reforma argumentando que se trata de una medida necesaria para llevar a cabo desde el ámbito político el mismo esfuerzo de austeridad que se le ha pedido a los ciudadanos. Según ha explicado la propia presidenta autonómica antes de debatirse la iniciativa, responde a una «voluntad mayoritaria» y al objetivo de «dar ejemplo» ante los castellano-manchegos.
