El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado el primer paso para juzgar al expresidente de Caja Castilla La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega por delitos societarios de falseamiento de las cuentas anuales y de administracion desleal.
Por el contrario, el magistrado ha archivado la causa respecto de los otros siete exdirectivos imputados en la causa: Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato Alonso, Florencio Fernández Gutiérrez, José María Fresneda Fresneda, Emilio Sanz Sánchez y Carlos Jiménez Morante —todos ellos antiguos miembros de la Comisión Ejecutiva de CCM—, y el secretario José Fernando Sánchez Bódalo.
Según el auto, en el que modifica la causa a procedimiento abreviado, Ruz considera indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de captación de crédito, que integraron unas directrices comunes en la gestión financiera de la entidad, que se caracterizaban por presentar «una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación».
Ocultar la morosidadY ello con «manifiesto incumplimiento de los estándares normales en la concesión de riesgos y derivando perjuicio económico para la caja», ejecutando determinadas prácticas con «incidencia o afectación sobre la imagen fiel contable y de riesgos, como consecuencia de ocultar la morosidad y el nivel de concentración de riesgos de la entidad».
El delito de falseamiento de las cuentas se sustenta, según el juez, en los estados financieros correspondientes a 2008 que presentaron al Banco de España por parte de los imputados, en donde presentaron una cuenta de resultados con beneficios, «siendo ambos conscientes, por el contrario, de que la entidad en realidad había incurrido en pérdidas en el citado ejercicio».
