España es un país sólido, que ha apostado abiertamente por defender el proyecto común de la Unión Europea, y en el que disfrutamos de una democracia asentada, después de la superación de serias dificultades y graves acontecimientos de quienes no querían facilitar la consolidación de este modelo de convivencia. El momento actual requiere un diálogo sosegado y el mayor consenso posible en los principales asuntos, para salir, todos juntos, de la actual situación de crisis.
El PSOE es consciente de su reto de recuperar la confianza de la mayor parte de la ciudadanía, en un momento social y político nada fácil, que requiere reformas en profundidad para poder dar respuesta a las cuestiones que están azotando a nuestra democracia y a la cohesión de nuestra sociedad. La crisis económica que siguen sufriendo seriamente gran parte de las familias y de la ciudadanía españolas y que ha situado la tasa de desigualdad en España entre las más altas de Europa; la corrupción que está poniendo en entredicho el funcionamiento democrático de nuestras instituciones; y las disfunciones que ya no puede resolver nuestro Estado de las Autonomías, necesitan respuestas contundentes, que cuenten, además, con el mayor respaldo posible, tanto político como social.
2015 es un año clave para nuestra Democracia. El próximo 24 de mayo, cada una de nosotras y nosotros estamos invitados a participar directamente, ejerciendo nuestro derecho al voto, en un posible cambio de las fuerzas políticas, tanto en la mayoría de las Comunidades Autónomas como en los Ayuntamientos. El PSOE quiere convencer al mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas, con propuestas que den una respuesta directa y responsable a sus problemas e inquietudes.
Ni el retroceso, ni el inmovilismo, ni la ruptura son la solución que España necesita. La solución, una vez más, es la reforma.
Por ello, el PSOE va a hacer un planteamiento sereno y realista ante esta doble convocatoria electoral y va a proponer una evolución natural de nuestra Constitución de 1978, actualizando el diseño territorial del Estado, tanto en el ámbito autonómico como el local. Queremos dar a nuestra Carta Magna un contenido federal con la idea de reforzar nuestra identidad, compatibilizándolo con el respeto profundo a la pluralidad de los pueblos que integran España y contribuyendo, así, a fortalecer la Unión Europea ante un mundo global, diverso e interdependiente.
Aunque el balance del funcionamiento de nuestro Estado de las Autonomías ha sido positivo, porque resolvió de forma eficaz la vertebración de
España y la cohesión de nuestra sociedad, es preciso acometer ahora una serie de reformas que integren plenamente a todos sus territorios en un nuevo espacio de convivencia. El resurgimiento de viejas tentaciones centralista y secesionista, fruto de la actual crisis económica y política, hacen imprescindible avanzar hacia esa nueva estructura de carácter federal, que requerirá, con el esfuerzo y la generosidad de todos, el consenso de la Constitución del 78, acuerdo que ha hecho posible nuestra convivencia durante estos 36 años.
Los socialistas entendemos que este nuevo pacto puede tener una base sólida con el reconocimiento de unos principios esenciales: la igualdad de los derechos básicos de toda la ciudadanía, cualquiera que sea su lugar de residencia; el respeto de las identidades diferenciadas dentro de España, en un proyecto colectivo común; la recuperación del respeto y de la lealtad institucionales; la potenciación de la cooperación efectiva entre el Gobierno de España y los Gobiernos Autonómicos, y de éstos entre sí.
De esta forma, conseguiremos potenciar la solidaridad necesaria para seguir reduciendo las desigualdades territoriales, y una mayor eficacia y racionalización de la gestión de los recursos públicos, lo que permitirá preservar nuestro Estado del Bienestar y facilitar, y también mejorar, la existencia y la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, blindando el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, ya sea la Educación, la Sanidad, el sistema general de dependencia o las pensiones, con una reforma del artículo 135 de la Constitución.
Una mejor ordenación de las diferentes Administraciones del Estado pasa, además, por reforzar el papel de nuestros Ayuntamientos, abordando una legislación diametralmente opuesta a la reforma local del Gobierno del PP desde el reconocimiento constitucional de la autonomía local y del derecho de nuestros entes locales a participar en los ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas, sin ningún tipo de condición.
La administración local permite una proximidad entre gobernantes y ciudadanos, que favorece la calidad de la democracia y propicia un mejor control de la ciudadanía y una más visible rendición de cuentas. Este reforzamiento de la democracia no resulta incompatible, sino complementario, con los criterios económicos de eficiencia y eficacia. La autonomía municipal no se debe reducir o limitar a la prestación obligatoria de servicios jurídicamente configurados como derechos de vecinos y vecinas. La autonomía de los municipios es de naturaleza política, por lo que exige competencias propias para el impulso de políticas específicas, que puedan contribuir a preservar el Estado del Bienestar.
Lejos de pretender imponer estas propuestas, los socialistas queremos alcanzar un nuevo acuerdo de ciudadanía por la vía del diálogo, la negociación y la búsqueda del máximo consenso. Por eso, planteamos iniciar en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el estudio de la reforma que proponemos; por eso, también pedimos la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para dar inicio a la renovación del sistema de financiación autonómica.
En el día de hoy, como hace 36 años, desde el PSOE queremos reiterar nuestro compromiso con el sistema constitucional manifestando nuestra disposición a liderar un nuevo pacto ciudadano, que regenere nuestra democracia, la dote de mayor legitimidad y la prepare para afrontar los nuevos desafíos con el fin de volver a hacer de España un proyecto atractivo, compartido y participativo que dé seguridad, libertad y garantías de progreso y bienestar a todos y todas.
