El pasado 30 de enero, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto mediante el cual las universidades tienen vía libre para crear títulos de grado de 3 años (180 créditos) y no solo de 4 años (240 créditos) como se legisló en el año 2007. El argumento oficial del gobierno, y del ministro del ramo, es la equiparación con Europa, donde el grado de tres años es mayoritario. Ante esta medida, alumnado y profesorado universitario se han movilizado y se ha convocado una jornada de huelga para el martes 24 de marzo. Esta decisión política tiene múltiples implicaciones que vamos a intentar desgranar paso a paso en este artículo.

El proyecto 3 2 (como coloquialmente se conoce la medida) reduce la formación universitaria básica a tres cursos, permitiendo una posterior especialización a través de un máster (o dos). Pero, ¿qué consecuencias formativas, económicas y laborales genera esta medida?

En primer lugar, y si se me permite el juego de palabras, implica una degradación de las titulaciones universitarias al reducir su duración de 4 a 3 cursos y, por extensión, de la carga lectiva, los contenidos estudiados. Llama poderosamente la atención que carreras como las ingenierías y arquitectura quedan al margen con una normativa propia. Esta excepción reconoce de forma implícita que esta medida supone una merma formativa para los estudiantes, la cual se quiere evitar para esas carreras.

En segundo lugar, implica un trasvase de parte del coste de los estudios universitarios a las familias, ya que si se desea ampliar esa formación universitaria elemental a través de estudios de postgrado tendrá que ser ineludiblemente previo pago del precio de un máster, los cuales triplican el coste de los grados -mientras el precio medio del crédito de un grado ronda los 20 euros, el de máster es de unos 60 euros aproximadamente-.

En tercer lugar, y ante la reducción de la carga lectiva total, el previsible despido de casi un 20% de la plantilla de profesores universitarios según cálculos sindicales. A la precaria situación laboral en la que muchos docentes se encuentran se le suma ahora esta amenaza que, instrumentalizada, puede suponer una presión extra sobre los profesionales que, viendo peligrar su (in)estabilidad laboral, conduzca a una (auto)limitación de su capacidad de acción y negociación y les obligue a plegarse ante intereses poco confesables.

¿Y qué explicación tiene esta medida? Hay más que evidencias para defender que detrás de esta decisión política y de la postura oficial del gobierno se ocultan intereses económicos. La reducción del tiempo obligatorio de los grados y el aumento del periodo de máster (a dos años) traen consigo la posibilidad de que, no solo las universidades públicas o privadas, sino también instituciones privadas de toda índole puedan ofertar este tipo de estudios, el máster. Ante este hecho se puede afirmar que existe una voluntad política manifiesta de acometer una privatización encubierta de una parte de la educación pública; en otras palabras, generar un nicho de mercado para la iniciativa privada reservada antes al sector público. Estamos pues ante otro episodio privatizador, de expolio de lo público, acometido por el gobierno del Partido Popular.

En esta línea, otra idea ha de ser remarcada. La degradación de los estudios universitarios se va a traducir en una devaluación delnivel formativo de los estudiantes y de online casino su titulación de cara a su inserción en el mundo laboral. Esta degradación supondrá la aparición de trabajadores menos cualificados y en peor situación para negociar unas condiciones laborales dignas y acordes a su formación universitaria. Además, tan solo las familias con un determinado poder adquisitivo podrán superar esta media tendente a la baja. ¿Cómo? Pagando por un plus de formación no accesible a todos. Si a esta terrible situación le añadimos el paulatino recorte presupuestario destinado a becas y el aumento del nivel de exigencia para acceder a las mismas, el panorama es desalentador.

Desde aquí sugerimos la siguiente reflexión: esta medida política ¿en qué grado erosiona el derecho constitucional de acceso a una educación pública? ¿En qué medida cuestiona la igualdad de oportunidades? Y, por último, ¿hasta qué punto reduce la movilidad social, limitando las posibilidades de ascenso social y haciéndolas presas de los condicionantes socio-económicos de cada familia?
Por último, una frase. El Ministro Wert declaraba en su comparecencia ante los medios el pasado 30 de enero que la medida supondría un ahorro aproximado de 150 millones de euros para las familias. Después de todo lo expuesto, póngale usted el calificativo más oportuno a esta frase, yo simplemente me limitaré a recordar que la minoría de edad de la ciudadanía de nuestro país está llegando a su fin.

Desde PODEMOS-CLM queremos mostrar públicamente nuestro apoyo decidido a la convocatoria de huelga estudiantil y aprovechamos la ocasión que se nos brinda para animar a los estudiantes a luchar contra toda medida política encaminada a conculcar un derecho constitucional de primer orden como es el acceso a la educación pública.

PODEMOS-CLM apuesta de manera decidida por una educación pública y de calidad, garante de una igualdad de oportunidades real y no sólo teórica, piedra angular de toda democracia que se precie de serlo. Ese es el camino. Esa es nuestra postura.

José Manuel Perujo Campano.
Responsable del área de educación de PODEMOS-CLM.
@perujocampano