El Consejo de Gobierno ha sido informado de la próxima supresión de diez tasas “injustas, innecesarias e inhumanas” que sufrían los dependientes, desempleados e inmigrantes. El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que, tal y como avanzó ayer el presidente Emiliano García-Page, “se considera injusto gravar a personas que se encuentran en una situación económica difícil”.
Hernando ha señalado que el Ejecutivo regional apuesta por un sistema impositivo “que no sea disuasorio sino justo y progresivo”. De esto modo, se eliminarán cinco tasas que suponen una mayor presión fiscal para dependientes y personas discapacitadas, a los que el Gobierno de Cospedal exigía un mayor esfuerzo económico para llevar a cabo trámites administrativos necesarios para mejorar su calidad de vida.
La medida, “que no es excluyente ya que habrá más tasas que se eliminarán posteriormente”, según ha precisado el portavoz, se enmarca en la revisión que está llevando a cabo la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, cumpliendo así con el compromiso de Emiliano García-Page de eliminar aquellas tasas “moralmente más sangrantes”. Así, se eliminarán cinco tasas que suponen una mayor presión fiscal para dependientes y personas discapacitadas.
Se suprimirá la tasa por solicitud de revisión del grado de discapacidad, que asciende a 31,21 euros, a los que hay que añadir 10,40 euros en caso de que sea necesario el desplazamiento al domicilio para efectuar la valoración. Igualmente desaparecerá la tasa de 41,62 euros por revisión del grado de dependencia y la de 15,61 euros por revisión del Programa Individual de Atención (PIA).
Por la solicitud de emisión de la tarjeta de accesibilidad se eliminará la tasa de 8,32 euros, que subía hasta los 16,73 euros en el caso de la solicitud de duplicado.
En relación con el sector de la dependencia, también se suprimirá la tasa por emisión del certificado de idoneidad como cuidador no profesional de personas en situación de dependencia en el entorno familiar, que ascendía a 36,41 euros.
Desempleados e inmigrantes
Con el objetivo de facilitar la reincorporación al mercado de trabajo a las personas desempleadas, se eliminará la tasa por expedición de certificados de profesionalidad, que tiene una tarifa de 41,85 euros por expedición y de 15,61 euros por solicitud de duplicado. Desde el Gobierno regional, se considera “injusto” gravar a personas que se encuentran en una situación económica difícil al estar en paro y que solicitan estos certificados para buscar una salida profesional.
Las personas inmigrantes que residan en Castilla-La Mancha no tendrán que abonar la tasa por realización de informes de esfuerzo de integración de 25,49 euros ni la de emisión de informes de disposición de vivienda adecuada e informes de arraigo, cuyas tarifas son de 9,88 y 20,29 euros, respectivamente.
El Ejecutivo de García-Page, ha explicado Hernando, eliminará ambas tasas al considerar que “la integración de los extranjeros debería estar fomentada por las administraciones públicas, en vez de disuadido con tasas”.
En el área de Agricultura y Medio Ambiente se eliminarán dos tasas igualmente “injustas” por gravar al ciudadano por trámites que la Administración está obligada a hacer de oficio.
En este sentido, se suprimirá la tasa por renovación, actualización o revisión de la autorización ambiental integrada, que asciende a 416,16 euros, ya que no existe el trámite de renovación y la actualización y revisión se hace de oficio por la Administración. También desaparecerá la tasa por emisión de informes de evaluación de impacto ambiental de 26,01 euros, dado que se elaboran de oficio al exigirlo la normativa aunque sea a instancia de parte.
