Los dos diputados que el Grupo Parlamentario Podemos en las Cortes regionales han apoyado la resolución que el Grupo Popular ha presentado en el pleno de este jueves para instar al Gobierno regional a que garantice condiciones dignas de habitabilidad y bienestar social a los vecinos del asentamiento de ‘El Cavero’, a los de ‘El cerro de los Palos’, en Toledo, y a otros parecidos que existen en la región, una proposición que ha salido adelante al contar con 18 votos a favor, a pesar de tener el rechazo de los 15 diputados socialistas.
Esta es la segunda vez que PP y Podemos se ponen de acuerdo en una proposición, después de que los ‘populares’ apoyaran en el último pleno la modificación que la formación morada propuso de modificar la Ley de Gobierno y Consejo Consultivo, para acabar con los privilegios de los ex presidentes, que también fue rechazada por el PSOE.
Y es que el desalojo del asentamiento de El Cavero ha centrado este debate que en materia de vivienda ha propuesto Podemos, y que le ha valido a la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, para anunciar que el Ejecutivo autonómico ya está trabajando para regularizar todas aquellas «situaciones particulares» de inquilinos de viviendas sociales de propiedad pública que no puedan hacer frente al pago de sus alquileres, extremo sobre el que «no se ha hecho ninguna gestión» durante la pasada legislatura y «no se ha trabajado por revisar la situación de esas familias».
Su departamento estudia además la eliminación de la tasa en el registro de demandantes de vivienda, unos 15 euros «interpuesta por el anterior Gobierno regional del PP», pues considera «injusto que personas sin recursos tengan que pagar este precio para demandar una casa».
Ha recordado que el Ejecutivo regional trabaja en la Ley Social de Vivienda, que será revolucionaria y novedosa y ofrecerá una visión integral de esta materia para acabar con la confusión, y ha informado de que cerca de 600 familias están a punto de ser desahuciadas en Castilla-La Mancha, añadiendo que las oficinas antideshacucio, «un instrumento eficaz y cercano, ya han atendido a 125 familias en la región».
ACUERDO DE INVESTIDURA
De su lado, el diputado de Podemos José García Molina ha dicho que aunque el Gobierno regional está dando pasos para acercar posición a la postura que defiende su partido aunque les ha pedido que se lean el acuerdo de investidura para cumplir con lo pactado en esta materia.
Tras poner en duda la «efectividad» de las oficinas puestas en marcha, ha dicho que «las operaciones de maquillaje del PP y del Gobierno regional en materia de vivienda» no son muy significativas, por lo que ha pedido a García-Page que si realmente quiere comprometerse con este problema que planten cara a los bancos en los que tiene cuentas abiertas y les pida que paralicen los desahucios, algo que el actual vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro pidió cuando estaba en la oposición, según ha recordado.
En otro orden de cosas, ha dicho acoger con «agrado» la resolución propuesta por el PP sobre asentamientos en la región como el de El Cavero, y tras decir a los ‘populares’ que ha tenido tiempo para evitarlos, le ha dicho al Gobierno que la gente «no necesita tiendas de campaña en campos de cultivo sino viviendas digna».
Sobre este asunto ha criticado «el juego de la incompetencia de las administraciones» y ha dicho sentir «vergüenza política» por el «uso» de que PP y PSOE están haciendo de estas personas, y ha pedido a los dirigentes ‘populares’ que «si tan preocupados están por los asentamientos chabolistas que hay en la región», como reza en su resolución, pidan a sus alcaldes que faciliten las condiciones de vida de las personas que viven en ellos.
MOVILIZAR EL PARQUE DE VIVIENDA DE BANCOS
De la bancada socialista ha tomado la palabra el diputado albaceteño Emilio Saez, que ha admitido que no debería haber viviendas públicas vacías y ha incidido en la necesidad de promover la vivienda social y en que las entidades bancarias pongan a disposición de ciudadanos su parque de vivienda.
El diputado socialista ha recordado a su compañero de Podemos que ni los ayuntamientos de Cádiz y Madrid, «de su misma sensibilidad» no han conseguido anular cuentas con los bancos que desahucian como proponen, al tiempo que ha avanzado que el Gobierno regional va a comprometer a los bancos para que eviten los desahucios.
Ha denunciado que al llegar al Ejecutivo, el PSOE se ha encontrado con un déficit de 20 millones de euros en el mantenimiento de las viviendas del parque público de la Junta y ha asegurado que se va a actuar a este respecto y no se va a permitir que «se caigan a cachos».
Respecto a ‘El Cavero’, ha pedido a delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio, que critica la actuación del Ejecutivo regional en este asunto, que «si es tan solidario, que acoja a estas familias en el piso de 300 cuadrados que ocupa en la toledana Plaza de Zocodover y que pagan los castellano-manchegos.»
EL MODELO DE LADRILLO
De su lado, a modo de introducción, el diputado del PP Francisco Núñez ha dicho que el modelo de vivienda del PSOE es el del ladrillo, recordando la modificación que este partido hizo para autorizar la construcción de 13.000 viviendas privadas en ‘El Quiñón’ o los 60 millones de euros con los que protegió a los empresarios con el modelo de vivienda pública-privada.
Luego de hacer un repaso de la política de vivienda del PSOE, ha retomado las criticas al Ejecutivo de García-Page en la gestión del desalojo de ‘El Cavero’, acusándole de dejar a 47 familias «en medio del campo». De ahí que le haya pedido que les acoja en el Palacio de Fuensalida.
DEMAGOGIA
En su turno de réplica, la consejera ha reprochado a los ‘populares’, «ahora preocupados» por los habitantes de ‘El Cavero’, que no han hecho nada por ello en cuatro años, así como la demagogia que están haciendo en ese caso usando a las familias como «arma arrojadiza».
Además ha condenado que la nula preocupación del anterior Ejecutivo ‘popular’ por la vivienda social algo que ha hecho que estos inmuebles no se puedan usar, aunque ha recordado que los presupuestos regionales de 2016 recogerán una partida destinada a rehabilitarlas.
