Las Cortes de Castilla-La Mancha ha acogido en su sesión plenaria de este jueves el debate sobre la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo parlamentario Vox sobre el Proyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de la Junta. La iniciativa destinada a rechazar el proyecto presentado por el Gobierno regional no ha prosperado por el voto en contra del PP y el PSOE.

Vox, de la mano de su diputado Luis Juan Blázquez, ha defendido su enmienda a la totalidad señalando su rechazo a todo el proyecto valorando que es «iniciativa legislativa mala para Castilla-La Mancha».

Según ha apuntado Blázquez, la iniciativa establece «bajo una etiqueta aparentemente técnica, una maniobra política de privatización encubierta» a través del establecimiento de «la creación de entidades colaboradoras para realizar tareas que en realidad competen a funcionarios públicos», lo que ha valorado como «una privatización encubierta».

Un elemento a través del cual «se debilita el empleo público y se abren las puertas a las redes clientelares». «Es un atentado a la seguridad jurídica y un retroceso inaceptable en los derechos de los ciudadanos y en la transparencia de nuestra administración pública», ha asegurado el parlamentario de Vox.

Además, Blázquez ha rechazado que la propuesta legislativa vaya a redundar en una administración más ágil, ya que, ha argumentado, «no incluye medidas concretas de simplificación». «No se reducen plazos, no se definen procedimientos más ágiles ni se fortalecen los medios públicos», ha señalado.

Por otra parte, ha señalado que el régimen autonómico ha generado una «telaraña burocrática» que la reforma propuesta «lejos de solucionar, agrava aún más», ante la que ha exigido «una reforma valiente, una reforma seria al servicio de los ciudadanos».

Frente a estos argumentos, en primer turno de palabra, el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha defendido el proyecto tal cual ha sido presentado por el Gobierno autonómico, señalando que su objetivo es «tener una Administración regional más moderna, más dinámica, más digitalizada, proactiva, en definitiva más cercana todavía a los ciudadanos de Castilla-La Mancha».

En este sentido, ha defendido medidas como «que contempla el silencio administrativo positivo como regla general», la introducción de «un espacio digital que va a permitir a los ciudadanos de esta región acceder a los distintos servicios que se ofrecen desde el Gobierno de Castilla-La Mancha», así como la introducción del «modelo de declaraciones responsables» frente al anterior modelo de licencias administrativas. Además, ha destacado que se regula «el uso de la inteligencia artificial en los procedimientos administrativos».

Guijarro ha rechazado el contenido de la enmienda a la totalidad, rechazando los argumentos de privatización, afirmando que «en ningún momento» se plantea «privatizar nada», ya que «no hay ninguna contratación de servicios». «Se establece un modelo de colaboración que es absolutamente voluntario», ha argumentado, señalando que «quien ha elaborado el proyecto no puede ser quien analiza si ese proyecto cumple los requisitos» y se «incorpora un régimen de incompatibilidades importante en materia de entidades colaboradoras».

Además, ha apuntado que «las propuestas de resolución las elaborarán los empleados públicos y las resoluciones, obviamente, el órgano competente que tenga que hacerlos». «Esta normativa es mucho más garantista que la regulación que hay en otras comunidades autónomas», ha afirmado Guijarro.

Finalmente, ha recordado que legislaciones similares han sido aprobadas con el apoyo de Vox «en Cantabria, en Andalucía, en Valencia y en Baleares» introduciendo el elemento de las entidades colaboradoras.

EL PP ABOGA POR PULIR LA LEY CON ENMIENDAS PARCIALES

Por su parte, el portavoz adjunto del PP, Santiago Serrano, ha defendido una posición contraria a la enmienda a la totalidad de Vox, afirmando que se trata de «una ley que consideramos desde luego necesaria».

El diputado ‘popular’ ha rechazado el planteamiento de una enmienda a la totalidad, aunque ha reconocido que «hay cuestiones con las que no estamos para nada de acuerdo».

Unas discrepancias que, ha defendido, se deben pulir a través de «trabajo parlamentario» y con enmiendas parciales. Así, ha planteado las propuestas del PP para evitar que se produzca un «repago» a las entidades colaboradoras para que no «se cree una administración a dos velocidades».

«Esta ley que, insisto, tiene todavía un camino por delante y por tanto es algo que nos abrimos a la hora de realizar las modificaciones que sean oportunas, a pactar y a consensuar para que en definitiva podamos tener la mejor normativa posible», ha señalado Serrano.

EL PSOE DEFIENDE EL CONTENIDO DE LA NORMA

De su lado, el diputado el PSOE Ángel Tomás Godoy ha fijado una posición de rechazo frontal a la enmienda de Vox defendiendo el contenido del proyecto de ley, señalando que supone «dar cumplimiento a una petición social tanto ciudadana como del empresariado» y argumentado que «lo hace respetando las potestades públicas que tienen los funcionarios públicos».

Para el diputado socialista la enmienda a la totalidad presentada por Vox «lo único que viene es a dilatar la entrada en la ley» y ha cuestionado su rechazo, señalando que la reforma «viene haciéndose en todas las comunidades autónomas, en muchas de ellas impulsada incluso por el Grupo Parlamentario de Vox».

En línea con los argumentos del vicepresidente primero, Godoy ha defendido que según el proyecto de ley, «las entidades colaboradoras no podrán realizar nunca actuaciones que sean propias de los funcionarios públicos ni del ejercicio de autoridad». «Es facultad de la persona que inicia o está en un procedimiento administrativo hacer uso o no de esta herramienta», ha subrayado.

«Hace más de 20 años que existen en las comunidades autónomas y también en Castilla-La Mancha las entidades colaboradoras», ha afirmado el diputado del PSOE, asegurando que «lo que viene a hacer esta ley es establecer una regulación de carácter general que le otorga una mayor seguridad jurídica a esta figura».

El parlamentario socialista ha concluido solicitando a Vox la retirada de la enmienda a la totalidad.