El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado al Sescam a indemnizar con más de 214.000 euros al hijo de una paciente que fue operada tras un diagnóstico erróneo de cáncer de páncreas, que supuso la extirpación de varios órganos, y que también sufrió un retraso en el diagnóstico de cáncer de intestino del que falleció a los 59 años.
La sentencia de la sección segunda de la Sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal regional, que ha hecho pública la asociación ‘El defensor del paciente’, estima parcialmente los recursos presentados contra la sentencia de mayo de 2021 del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Ciudad Real, y también la resolución de febrero de 2019 de la directora gerente del Sescam.
Desde la asociación han relatado que la paciente fue tratada desde febrero de 2017 en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad Real) y el Hospital General de Ciudad Real, que «diagnosticaron erróneamente un cáncer de páncreas, sin realizar las pruebas necesarias para alcanzar un diagnóstico definitivo» y que la sometieron a una intervención quirúrgica en la que le extirparon «el páncreas, el bazo, parte del estómago, epiplón, vesícula biliar, parte del duodeno y lesionando incomprensiblemente el nervio cubital, cuando la paciente tan solo tenía una pancreatitis crónica».
Asimismo, han argumentado que hicieron caso omiso de los síntomas que siguió sufriendo y no se diagnosticó «un cáncer de intestino, dejando que creciese incontrolado hasta que ya solo pudo darse tratamiento paliativo, hasta que falleció con tan sólo 59 años».
La sentencia del alto tribunal regional recoge que no se practicó la prueba recomendada, una colangiopancreatografía reotrógada (CPRE), que «no habría desvelado cáncer de páncreas. Podría haber hecho pensar en la pancreatitis crónica y habría cambiado la indicación quirúrgica y el tratamiento».
Asimismo, apunta que si se hubieran elevado preoperatoriamente alguno de los marcadores tumorales «habría marcado un seguimiento y diagnóstico más temprano del cáncer que acabó con su vida», según el perito judicial.
La sentencia establece una indemnización de 214.354 euros a pagar por el Sescam, más los intereses legales, lo que eleva la cantidad a 260.000 euros para una sentencia que, según la asociación, ya es firme.
Por último, la sentencia descarta también que de esta cantidad tenga que responder la asegurada Mapfre, ya que según la sala «no ha quedado acreditado el pago de la prima» y por tanto «el contrato entre el Sescam y la aseguradora no existía a tal fecha».
El abogado Francisco Fernández-Bravo, que ha representado a la asociación, ha afirmado que «fue trascendente iniciar el procedimiento cuando la paciente aún estaba con vida, cerrando con ello cualquier motivo de oposición de la Administración a la reclamación del hijo», tal y como ha trasladado ‘El defensor del paciente’ en un comunicado.
