La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) censura que «todavía continúen vigentes recortes en los servicios públicos de la región instaurados por María Dolores de Cospedal cuando se cumplen diez años de Emiliano García-Page al frente de la Junta de Comunidades».
«García-Page tomaba posesión como presidente de la Junta el 4 de julio de 2015 y a pesar de todas las promesas realizadas, dos legislaturas y media después continúan sin reconocerse derechos, aumenta la pérdida de poder adquisitivo y se mantienen restricciones en la incorporación de personal y además se proyecta una larga sombra sobre los servicios públicos en forma de privatización», ha manifestado el presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez.
Domínguez sostiene que «asistimos a diez años de promesas incumplidas, se nos dijo que los recortes eran una medida temporal, una necesidad para superar una crisis, pero siguen muy presentes, y hemos de subrayar que los servicios públicos son el pilar fundamental de nuestra sociedad, sin ellos aumenta la desigualdad y es imposible avanzar».
CSIF explica en un comunicado que los recortes y pérdida de derechos están muy presentes en todos los ámbitos dependientes de la Junta: «entre los principales en Sanidad (única comunidad con la carrera profesional paralizada, sin cobro de la productividad variable desde 2019, cierre de camas en verano, listas de espera o falta de recursos en Atención Especializada y Atención Primaria)».
«Educación (interinos que no cobran el verano a partir de cinco meses y medio trabajados, ratios y horario lectivo por niveles superiores o falta de apoyos) y Administración General de la comunidad autónoma (plantillas muy mermadas debido a que hay puestos que no tienen dotación presupuestaria y quedan desiertos, sobrecarga laboral y privatización de servicios)». Además, continúa eliminado el Plan de Acción de Social, instaurado en 1988 y suprimido por Cospedal, ha aseverado.
Asimismo, «continúan las restricciones a la contratación de personal en sanidad, centros dependientes de Bienestar Social, escuelas infantiles o centros educativos». Al no hacerse frente a la totalidad de las bajas, vacantes, vacaciones o permisos se está produciendo un deterioro de los servicios públicos y un enorme desgaste entre los trabajadores, denuncia CSIF.
A todo ello el sindicato añade «la privatización de los servicios públicos a través de la futura Ley de Simplificación Administrativa, que entra en competencias que son exclusivas de los empleados públicos, los cuales son garantes de que los trámites de la ciudadanía con la Administración se lleven a cabo de una forma correcta y conforme a la ley».
Tal y como expresa CSIF, «esas competencias las llevarán a cabo las denominadas entidades colaboradoras, lo que supone que cualquier gestión en el ámbito público sea susceptible de contar con participación privada y que encima sea el ciudadano interesado el que tenga que pagar por esos servicios».
«Igual que en su día tuvimos que bautizar la Ley 1/2012 como Ley Cospedal, que supuso un ataque sin precedentes a los servicios públicos, tenemos que renombrar esta Ley de Simplificación Administrativa como Ley Page porque también supone desmantelamiento progresivo de los servicios públicos. Y además sigue adelante esta ley a pesar de toda la oposición de las organizaciones sindicales y de un dictamen del Consejo Consultivo absolutamente demoledor», sostiene Domínguez, que concluye añadiendo que «en lugar de aumentar las plantillas dedicadas a la sanidad, los servicios sociales, agricultura, medio ambiente, cultura o empleo, entre otros ámbitos, se da entrada a las empresas privadas».
PÉRDIDA PODER ADQUISITIVO Y TEMPORALIDAD
CSIF denuncia la pérdida de más de un 20 por ciento de poder adquisitivo que sufren los empleados públicos de la región desde 2010. La secretaria de Acción Sindical de CSIF Castilla-La Mancha, Marisa García, subraya la «falta de compromiso del Gobierno regional con sus empleados públicos, la única alza salarial que ha llevado a cabo fue un 0,5% en 2019» y «vende como suyas las subidas a las que está obligado por acuerdos nacionales, es una cuestión de propaganda. Lo cierto es que García-Page sólo ha subido un 0,5% mientras hemos padecido durante muchos meses la mayor inflación de toda España».
CSIF censura que mientras los empleados públicos siguen sufriendo la pérdida de poder adquisitivo, «el Gobierno ha concedido más de 51 millones de euros en subvenciones a CCOO y UGT».
Por último, también expone que la temporalidad es otra forma de precariedad laboral que padece la Función Pública de la región. Los últimos datos del Boletín Estadístico al Servicio de las Administraciones Públicas, relativos a enero de 2025, muestran que el 33,5% de trabajadores públicos de la región son temporales: más de 17.500 en la sanidad, más de 11.600 en las administraciones locales o más de 9.500 docentes interinos. En total, hay 46.771 trabajadores temporales en la región.
