El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, gracias a los votos a favor de PSOE y Partido Popular y en contra de Vox.
El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, se ha encargado de presentar esta norma –que ha llegado a pleno para su debate con 16 enmiendas de Vox vivas y tres votos particulares, todo ello rechazado por PP y PSOE–, cuyo objetivo, ha apuntado, «no es otro que avanzar hacia una Administración regional más moderna, dinámica, digitalizada y proactiva, además de más cercana a los ciudadanos».
A través de seis títulos, 71 artículos, tres disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y once disposiciones finales, la ley distingue tres bloques de acción, el primero de los cuales recoge de medidas de simplificación en el procedimiento de tramitación administrativa, reducción de plazos y armonización de informes, así como el establecimiento de silencio estimatorio y del uso de las declaraciones responsables.
Además, introduce la regulación de las unidades administrativas de apoyo como una herramienta que permitirá la creación de unidades de apoyo coyuntural para asistir a órganos administrativos «en momentos puntuales, cuando razones de urgencia o necesidad lo hagan necesario»; la generalización del sentido estimatorio de los silencios y de la utilización de las declaraciones responsables y el doble silencio positivo.
Un segundo bloque, ha añadido, es la introducción de las entidades colaboradoras de la Administración, que serán aquellas personas jurídicas que, debidamente autorizadas, realicen funciones de informe y certificación al objeto de acreditar la verificación de la documentación de la persona interesada dentro de un procedimiento. Una herramienta «ampliamente extendida» en la Administración del Estado y en otras regiones, que excluye «siempre» que estas entidades puedan hacer ejercicio de autoridad.
Finalmente, el tercer bloque de medidas que regula la ley «va a suponer la verdadera revolución administrativa y el cambio a una administración más moderna y proactiva», con la regulación de la administración digital y la utilización de nuevas herramientas como la Inteligencia Artificial o la automatización de procedimientos a fin de aportar seguridad jurídica tanto a los empleados públicos como al destinatario de los servicios.
El vicepresidente primero ha cerrado el turno de intervenciones defendiendo que hay que ir «a un modelo de administración que confíe más en el administrado pero que al mismo tiempo establezca garantías», algo que cumple esta norma.
PSOE: RESPETA POTESTADES DE LOS FUNCIONARIOS
El ponente, el socialista Ángel Tomás Godoy ha incidido en todo lo anterior y ha lamentado que Vox no esté en el consenso en torno a esta ley «porque no ha querido», destacando que hubo enmiendas que se quedaron fuera porque «generaban problemas en la norma» o «invadían competencias, sobre todo de la Administración local», mientras que ha agradecido el apoyo del PP, al igual que previamente ha hecho el vicepresidente, sobre todo «en los tiempos que corren».
«Esta es una ley de simplificación administrativa que viene a dar cumplimiento a una petición social, tanto de la ciudadanía como del empresariado, que busca una Administración más ágil y eficaz», ha subrayado el socialista, que ha incidido en que esta norma respeta «las potestades públicas que tienen los funcionarios públicos».
A su juicio, la norma «genera más transparencia y más confianza en la Administración y en los trabajadores públicos», ha subrayado, repasando, además de todo lo expuesto por el vicepresidente primero, que la norma también crea la Comisión de Simplificación y Agilización Administrativa, y que regular la Inteligencia Artificial en la relación de los administrados con la Administración será una «revolución administrativa».
En su segundo turno de palabra, Godoy ha recriminado a Vox que no se haya ocupado en defender sus enmiendas, y le ha respondido que «todas las leyes son objeto de análisis y escrutinio por parte del Consultivo y en este caso se han abordado todos los cambios que ha pedido» ajustando el texto a las observaciones realizadas, insistiendo en que esta ley «no invade potestades públicas y que no invade competencias».
VOX: PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Desde el Vox, el diputado Luis Juan Blázquez, ha iniciado su turno de palabra criticando que PSOE y PP hayan vuelto a alinearse «una vez más, sin reservas», el primero como «impulsor» de la norma y el segundo «el albacea de la misma», y ha destacado que «este proyecto de ley de simplificación administrativa no simplifica, no agiliza y no moderniza. Es una operación de maquillaje legislativo».
«Este proyecto solo sirve para disfrazar, bajo palabras de digitalización y agilización, una privatización encubierta de los servicios públicos», ha argumentado Blázquez, que ha añadido que esto es algo que «no lo dice solo Vox, lo dicen sindicatos, lo dicen funcionarios, lo dicen profesionales, asociaciones y lo dicen muchas asociaciones del sector civil de toda la región y que han expresado, manifiestamente, su rechazo ante esta ley».
En la defensa de sus enmiendas, ha comentado que el Proyecto de Ley «nació mal» como ya avisó el Consejo Consultivo, que dijo «que era prácticamente una chapuza legislativa», y desde mayo «no ha mejorado prácticamente nada», convencido de que esta ley «no elimina burocracia, no resuelve problemas, no simplifica nada y, además, falla estrepitosamente incluso en lo que pretende implantar».
«Esta es su modernización, crear portales web que nadie puede usar, exigir trámites electrónicos a ciudadanos que no tienen medios digitales ni ayuda ni respuestas, mientras la propia Administración se declara incapaz de prestar ese servicio, eso, señorías, desde luego, no es eficiencia, es fraude institucional», ha declarado.
Por el contrario, Vox ha propuesto un «plan de simplificación real, aprobado en seis meses con control parlamentario, con un seguimiento anual y con una evaluación pública»; una auditoría «vinculante y transparente» que se remita al Tribunal de Cuentas y que se publique íntegramente en el portal de transparencia; garantizar que la Administración «ofrezca una asistencia técnica especializada y presencial», así como la prohibición de convocatorias en periodos inhábiles.
PP: EL APOYO NO SERÁ UN CHEQUE EN BLANCO
El diputado del Grupo Popular, Santiago Serrano, ha precisado que al igual que anunciaron que su apoyo a esta norma no iba a ser un cheque en blanco «tampoco lo va a ser en su desarrollo», destacando cómo el PP ha logrado incluir a los ayuntamientos en el ámbito de aplicación de la ley, al igual que la agricultura en el ámbito de aplicación de las entidades de colaboración o la comisión de simplificación que analizará «la suficiencia de recursos humanos en cada una de las consejerías».
Serrano, que ha reseñado que las entidades colaboradoras «tienen que suponer una ayuda y jamás un reemplazo de los empleados públicos», se ha referido igualmente a la rebaja de las tasas en aquellos casos en los que se va a aplicar ya una tarifa en las entidades colaboradoras o a cómo han introducido «cuestiones muy importantes» para adecuar la norma a la realidad urbanística, habiendo tenido «la oportunidad de introducir cerca del 70%» de sus reivindicaciones.
Ello, según Serrano, ha hecho que finalmente esta norma no tenga «nada que ver» con el anteproyecto inicialmente aprobado por el Consejo de Gobierno, tras haber sido «limado» por el Consejo Consultivo y mejorado «de manera crucial» en el proceso parlamentario, defendiendo su «labor responsable de oposición» como un «ejercicio de altura de miras en una normativa que tiene que servir a la ciudadanía y a las empresas y que tiene que perseguir también la modernización de la administración».
