Los menores migrantes que lleguen desde este lunes, 1 de septiembre, a Canarias, Ceuta y Melilla deberán ser trasladados a otras comunidades autónomas en un plazo de quince días, en una acogida que es obligatoria por ley para los territorios de destino.
El traslado de los recién llegados a estos tres territorios se une a la derivación de alrededor de tres mil menores migrantes acogidos ya en Canarias, Ceuta y Melilla que serán reubicados paulatinamente, y en un plazo máximo de un año, en otras comunidades.
Estas son las dos patas del mecanismo de solidaridad obligatorio puesto en marcha en los últimos días, tras declarar el Gobierno la contingencia migratoria extraordinaria de Canarias, Ceuta y Melilla, los tres territorios que cumplen el requisito de triplicar la acogida que corresponde a las diferentes comunidades, de 32,6 migrantes por cada 100.000 habitantes.
El Ministerio de Juventud e Infancia declaró el pasado viernes, 29 de agosto, la contingencia migratoria en Canarias y en Ceuta y Melilla, tras la petición de estos tres territorios, de la que este martes se dará cuenta a una comisión interministerial liderada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, porque la declaración afecta a más de un territorio.
Según fuentes gubernamentales, en esta reunión interministerial está previsto abordar también la solicitud de contingencia migratoria que ha anunciado que pedirá Baleares, una comunidad que con datos actualizados a 31 de marzo no cumple con el requisito de multiplicar por tres su capacidad ordinaria, aunque las llegadas al archipiélago se han multiplicado en las últimas semanas.
El Gobierno balear buscará que se declare la contingencia migratoria a pesar de que está en contra de ese sistema de reparto obligatorio, que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional y ante el Supremo.
Según el decreto de capacidad ordinaria, Baleares debe tener 406 plazas en su capacidad ordinaria para cumplir con el ratio que le corresponde, aunque a día de hoy solo tiene 72 plazas estructurales.
Tras el verano, Baleares acoge a 680 menores, lo que en todo caso no triplica su capacidad ordinaria, pero la previsión es que las llegadas se sigan produciendo, por lo que este archipiélago no quiere que también le sean derivados menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.
La reubicación de los menores conllevará procedimientos individuales impulsados por las subdelegaciones de Gobierno de las comunidades de origen y que implican varios pasos, a los que el menor, la Fiscalía y la comunidad de destino pueden alegar antes de que se resuelva la nueva ubicación de cada menor, cuya tutela corresponderá a los territorios de destino.
A este sistema de reubicación se oponen diez comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE, que han recurrido la reforma de la ley de extranjería ante el Tribunal Constitucional.
