El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, una medida que, según el Gobierno, no supone «ningún agravio con ninguna parte del territorio» ni tampoco «un beneficio» a Cataluña. En el caso de Castilla-La Mancha, la condonación alcanza los 4.927 millones de euros, lo que supone reducir su pasivo un 30 %.
«Queda demostrado que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España», ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha explicado que la medida permitirá beneficiar a todas las comunidades autónomas aunque no tengan deudas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como es el caso de la Comunidad de Madrid.
Montero ha cifrado el ahorro en materia de intereses para los gobiernos regionales entre 6.600 y 6.700 millones de euros, que a partir de ahora podrán ir dirigidos a reforzar políticas sociales como sanidad, educación o dependencia.
Además, ha explicado que el 75 % de los 83.252 millones que el Estado está dispuesto a absorber, es decir, unos 60.000 millones, es la deuda de las CCAA gobernadas por el PP.
Asimismo, ha indicado que esos algo más de 83.000 millones euros, calculados con el criterio de población ajustada, arroja una condonación media del 19 % del total de deuda autonómica.
«Dicho de otra manera: con esa aproximación, el Estado se queda casi con el 20 % del conjunto de la deuda del subsector comunidades autónomas con una situación asimétrica, dependiendo de la situación de partida de cada territorio», ha agregado al respecto.
La vicepresidenta, que ha remarcado que la propuesta es «voluntaria» para los gobiernos regionales, ha insistido en que «es falso» que la condonación de la deuda «beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España». «De los 83.252 millones casi 60.000 corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Es decir, 7 e cada 10 euros que se condonan benefician a territorios gobernados por el PP», ha aducido.
COMUNIDAD VALENCIANA, LA REGIÓN CON MÁS CONDONACIÓN POR HABITANTE
Para justificar ese extremo, Montero ha asegurado que la comunidad autónoma con mayor condonación en cifra absoluta es Andalucía, con 18.791 millones de euros, mientras que la región con mayor quita por habitante es la Comunitat Valenciana con 2.284 euros. Asimismo, la región con mayor porcentaje de deuda condonada es Canarias, con un 50% del total.
«Es decir, tres territorios donde gobierna el PP, bien preside o bien cogobierna con otras fuerzas políticas. ¿Dónde está el agravio? ¿Dónde está el perjuicio?», se ha preguntado.
En el caso de la Comunitat Valenciana, la vicepresidenta ha remarcado que «no hay ningún motivo» para que esa región, que «no puede salir a los mercados» por su situación financiera actual, «siga atrapada en esa situación» por el hecho de que el presidente autonómico, Carlos Mazón, «vaya al dictado» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
En cualquier caso, Andalucía y Cataluña serían las CCAA más beneficiadas en términos absolutos, seguidas de C. Valenciana (11.210 millones); Madrid (8.644 millones); C-LM (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); CyL (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Asturias (1.508 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).
En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la medida proponiendo que se les compense de forma similar con sus sistemas forales.
CREE QUE EL PP SE ACABARÁ ACOGIENDO
A pesar del rechazo manifiesto del PP a la quita, Montero ha vaticinado que las comunidades gobernadas por los ‘populares’ se terminarán acogiendo. «Por mucho que digan en el relato, de cara a la galería, al final terminarán firmando, porque saben que es bueno para el conjunto del territorio», ha remarcado.
Con todo, la pretensión del Gobierno es que las comunidades «recuperen» la autonomía financiera y política «para volver a salir a los mercados». «Tengamos en cuenta que el FLA, al cronificarse, se ha convertido en una anomalía. En su momento fue un auxilio financiero temporal y así se defendió, pero está costando que las comunidades autónomas, después de 15 años, salgan a los mercados a endeudarse», ha argumentado.
Y desgranando algunos argumentos del PP para rechazar esta quita de la deuda, Montero ha subrayado que la asunción de este déficit autonómico «no frena ni sustituye la reforma del sistema de financiación».
PLAZO «SUFICIENTEMENTE AMPLIO» PARA PODER ACOGERSE
Con respecto a los plazos, la vicepresidenta ha trasladado que el anteproyecto será enviado al periodo de audiencia pública para recibir aportaciones de las CCAA.
Posteriormente, la intención del Ejecutivo es mandar la norma al Congreso «antes de que acabe el año» y aprobar «definitivamente» la norma a lo largo del primer trimestre de 2026. Aún así, Montero se ha mostrado prudente al indicar que se deberá tener en cuenta el periodo de enmiendas de los grupos parlamentarios.
El Ministerio de Hacienda no tiene por el momento amarrados todos los votos en el trámite parlamentario de esta condonación de la deuda, ya que algunos socios como Junts han expresado sus dudas porque critican que sea extensible a todas las comunidades.
Una vez aprobada la ley, Montero ha indicado que habrá un plazo «suficientemente amplio» para que las CCAA que así lo deseen se acojan a la condonación, y debe ser así, porque el Estado debe hacer una planificación de la nueva deuda que asuma, identificando qué tipo de deuda es y los plazos de devolución.
TRES FASES
La metodología para estimar este reparto consta de tres fases. En la primera se ha calculado el diferencial entre el endeudamiento que registraron las CCAA durante el cierre de 2009 y el de 2013, y ese endeudamiento se compara con el registrado entre el cierre de 2019 y el de 2023. Esta primera fase arroja una condonación media del 19 % de la deuda autonómica total, vigente al cierre de 2023.
En la segunda fase se establece una condonación adicional a todas las CCAA que se sitúan por debajo de la media del 19,3 % de la deuda condonada sobre el total. «Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios», ha aclarado Montero.
Y en la última fase, Hacienda ha realizado dos ajustes para «mayor equidad»: «En primer lugar, identificar a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la Comunidad Valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia».
A continuación, se eleva la condonación de la deuda hasta alcanzar este mismo importe para aquellas CCAA que hayan registrado una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022.
El siguiente elemento es que se atribuye una condonación adicional a CCAA que han ejercido competencias normativas al alza en el IRPF entre 2010-2022. En concreto, las que hayan ejercido esta competencia por encima de la media podrán recibir una condonación adicional del 10 %, que será del 5 % en el caso de que se sitúe por debajo.
Por todo ello, Montero cree que algunas propuestas de Sumar ya se encuentran dentro de estas variables para hacer el cálculo, como tener en cuenta regiones infrafinanciadas, aunque ha dado la «bienvenida a todas las sugerencias» de los grupos «siempre y cuando no se atente contra la propia autonomía política ni financiera» de las comunidades.
