Los vecinos de Arenales de San Gregorio han mostrado su rechazo unánime a la instalación de la macroplanta de biometano proyectada en el término municipal de Tomelloso, que procesaría 227.000 toneladas anuales de residuos agroindustriales y se situaría a solo cinco kilómetros de sus viviendas.

Este domingo tuvo lugar una reunión informativa organizada por la plataforma ‘Stop Biometano Tomelloso’, que congregó en el auditorio municipal a cerca de doscientas personas, un tercio de los seiscientos habitantes censados en la localidad manchega.

Un encuentro que arrancó con la intervención de Eva Violero, residente en Arenales e integrante de la plataforma, quien agradeció a los vecinos su participación para mostrar la preocupación que sienten por los riesgos que suponen estas instalaciones, ante lo que les pidió que estuvieran “todos a una contra la planta”.

Violero destacó el carácter nítidamente apartidista de la plataforma, afirmando que su “único propósito” no es más que “decir no a este gigante que nos quieren imponer”.

Por su parte, la portavoz de la plataforma, Nuria Moraga, aseguró que los pueblos afectados se encuentran en una encrucijada histórica y los animó a que aunaran fuerzas frente a un modelo insostenible.

“Somos personas muy concienciadas con el futuro de nuestros hijos y queremos que sigan viviendo en nuestra tierra. Nosotros no vamos a desistir”, concluyó su intervención

RIESGOS E IMPACTOS

Durante la reunión se realizó una conferencia a cargo de Javier Moreno, licenciado en Ciencias Ambientales e investigador, y David Escribano, ingeniero de caminos con experiencia en construcción de plantas de energía. Ambos desgranaron los posibles riesgos que supondría la macroplanta para la vida de los arenaleros.

Pudieron trasladar que este tipo de macroplantas son instalaciones de producción de energía, no de gestión de residuos. De los residuos que entran a este tipo de plantas, solo el 5% se transforma en biometano, el otro 95% sigue siendo un residuo, el digestato. Para ser aplicado con garantías a nivel de salud y de equilibrio agronómico necesita un tratamiento posterior, cosa que no se está haciendo en otros lugares.

También desmintieron el planteamiento de que la tecnología es avanzada y no genera problemas, mostrando estudios e informes del Ministerio de Medio Ambiente alemán o del Imperial College de Londres que demuestran los problemas y fugas de este tipo de macroplantas a nivel internacional.

En cuanto a la salud, hicieron mención al incremento de los casos de enfisemas y de las visitas a urgencias por afecciones respiratorias. También pusieron como ejemplo el caso de Casasbuenas (Toledo), donde los vecinos padecen sufren náuseas, vómitos y dolores de cabeza.

Los ponentes cuestionaron que se venda el proyecto como una solución verde y de economía circular, señalando que estas plantas representan una fuente de malos olores, emisiones contaminantes y ruido.

Respecto al impacto ambiental, indicaron su preocupación por la contaminación por nitratos en el acuífero 23 (ya considerado como zona vulnerable a los nitratos) por la dispersión de digestato, algo que podría restringir la fertilización a nuestros agricultores. Asimismo, explicaron que la planta se ubicaría próxima a la dehesa donde las aves esteparias realizan sus paradas migratorias.

En el plano socioeconómico, pusieron el foco en el daño que supone para la reputación de los viñedos, en la depreciación de las propiedades urbanas y rurales y en la pérdida de población.

Los ponentes también denunciaron que detrás del proyecto se encuentra el grupo Azora, un fondo especulador que actualmente no gestiona ninguna planta de biogás en activo y que ha sido sancionado el Ayuntamiento de Barcelona por mantener vacíos pisos de protección oficial y por la CNMV por ocultar información.

EL ALCALDE DE ARENALES, EN CONTRA

Durante el evento, se pudo apreciar la preocupación latente en los agricultores de la zona, que durante diversos turnos de palabras dejaron claro que la macroplanta no es compatible con su modo de vida.

Entre los asistentes se encontraban, además, los siete concejales de la corporación, tanto del equipo de gobierno (PP) como la oposición (PSOE). Cabe recordar que el alcalde, Iván Olmedo, envió una carta a su homólogo tomellosero, Javier Navarro, donde afirmaba estar “en contra de que dicha instalación se realice en estas condiciones”.

El primer edil pedía a su también compañero de partido que tuviera en cuenta la opinión de “la inmensa mayoría de la ciudadanía arenalera”, al verse totalmente afectada por el proyecto.