El número de hogares castellanomanchegos que percibe el Ingreso Mínimo Vital alcanzó en el mes de noviembre la cifra de 34.770, con 115.657 personas beneficiarias, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La cifra constituye un incremento del 19,66 % respecto al mismo mes de 2024, cuando el Ministerio contabilizó 27.933 hogares perceptores.
En concreto, en noviembre hubo 6.837 prestaciones activas más que en noviembre del año anterior, lo que supone 23.093 beneficiarios más. La cuantía media en Castilla-La Mancha fue de 408,42 euros al mes por hogar, con un desembolso total de 15.345.315,39 euros.
Las mujeres son las principales receptoras del Ingreso Mínimo Vital en Castilla-La Mancha, con 23.358 beneficiarias, frente a 11.412 hombres titulares de la ayuda.
Por provincias, Toledo es la que más prestaciones tiene, con 11.833, seguida de Ciudad Real, con 9.660, y Albacete, con 8.165. Muy por debajo, las provincias de Guadalajara, con 2.738 ayudas concedidas, y Cuenca, con 2.329 prestaciones.
DATOS A NIVEL NACIONAL
En todo el país, el número de hogares que percibe el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha crecido un 18,1 % en el último año hasta alcanzar a 785.722, y 2,4 millones de personas beneficiarias (+18,7 %).
En concreto, en noviembre hubo 120.214 prestaciones activas más que las que había hace un año y se han sumado 378.838 beneficiarios. La cuantía media de la prestación es de 485 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 406,1 millones de euros.
Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,9 % de los titulares (533.681) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.420.373.
Según el ministerio, el Ingreso Mínimo Vital constituye una «herramienta esencial» en la lucha contra la pobreza, «especialmente la infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia». Actualmente, el 40,8 % de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 980.194 niños y adolescentes protegidos por esta prestación.
«La pobreza infantil es la expresión más dura de la desigualdad y el IMV es clave para combatirla: cerca del 41 % de sus beneficiarios son menores y en la mayoría de los hogares donde se percibe la prestación viven niños o adolescentes», ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
En noviembre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (538.873 hogares, el 68,6 % del total) conviven con menores de edad. De ellas, 133.078 son hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres, que asumen en solitario la crianza y cuidado de los hijos e hijas.
A esta protección se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). En noviembre, 553.300 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 68,3 euros por menor y de 126,10 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.
28,37 AÑOS, LA MEDIA DE EDAD DE LOS BENEFICIOS
Desde su puesta en marcha, el IMV ha dado cobertura a más de 3,3 millones de personas, de las que más de 1,4 millones son niños y adolescentes.
La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,37 años, lo que supone, según el ministerio, en «un sostén para los jóvenes en situación de exclusión». Se han incorporado mejoras dirigidas a facilitar las condiciones a su acceso. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales, según el ministerio.
Además, tanto la persona solicitante como su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes. El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.
Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.
La ministra ha expresado el compromiso del ejecutivo de «de seguir mejorando la prestación y ampliar su alcance». «El IMV ha acompañado ya a millones de personas y demuestra cada día que invertir en protección social es invertir en cohesión y en futuro», asegura la ministra Saiz.
