Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia podrán presentar a partir del próximo mes de febrero sus solicitudes de reparación e indemnización, tras la firma del convenio que formalizará el acuerdo suscrito este jueves por el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, según se desprende del texto suscrito, que se refiere a las víctimas que no pueden acudir ya a la vía judicial porque los hechos están prescritos o porque ha fallecido el agresor.
«A los efectos de la presentación de las solicitudes de reparación, el plazo de vigencia de este acuerdo será de un año, prorrogable por un año más si las partes así lo acuerdan. En todo caso, dicho plazo se computará desde la firma del convenio previsto en el apartado siguiente que deberá producirse en el mes siguiente a la adopción del presente acuerdo», reza el acuerdo, suscrito por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego.
Además, el texto precisa que este convenio negociado deberá contar con la opinión de las víctimas y definirá «el estatuto básico» de estas, referido al procedimiento y organización para el reconocimiento de la condición de víctima y a las distintas formas de reparación integral, entre las que contempla: las de carácter restaurativo y simbólico; la reparación psicológica o psiquiátrica que podría extenderse a su familia, y la reparación moral.
Según se puede leer en el acuerdo, el desarrollo de este mecanismo de reparación «se inscribe en el marco del compromiso del Gobierno de promover el cumplimiento de los fines previstos en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), para abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social».
Sobre este punto, la Conferencia Episcopal Española entiende que el Gobierno «se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social, como solicitaba la Iglesia».
En la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo, que ha tenido lugar en el Ministerio de Justicia, el presidente de la CEE, Luis Argüello, ha asegurado que se «abre la perspectiva para que el desarrollo» de la LOPIVI, «pueda llegar en procesos de reparación a otros ámbitos de la sociedad». «Está puesto en el texto», ha remarcado.
Por su parte, Bolaños ha defendido que «en este acuerdo no hay ningún otro compromiso que no tenga que ver con las víctimas en el seno de la Iglesia Católica». «Obviamente, el compromiso del Gobierno con los abusos a menores es un compromiso que se pone de manifiesto, por ejemplo, en la ley del año 2021 de protección de la infancia y la adolescencia. Pero este es un acuerdo exclusivo, circunscrito a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. No hay ningún acuerdo fuera», ha insistido.
El acuerdo también contempla que la CEE y la CONFER mantendrán su propio sistema de reparación a través de la comisión asesora del PRIVA, organismo que echó a andar en 2024.
Preguntado por los motivos del cambio de postura de la Iglesia para aceptar este acuerdo, Argüello ha defendido que ellos han «colaborado con la Administración de Justicia, Fiscalía, Policía, con los Tribunales, con el Defensor del Pueblo» y ha matizado que a lo que se negaron fue a una propuesta de Justicia para «la creación de una comisión tutelada por el propio Ministerio de carácter administrativo».
CASI 2 MILLONES DE EUROS EN INDEMNIZACIONES
Si bien, el obispo ha reconocido que «es cierto que algunas víctimas han expresado una desconfianza a la hora de poder acudir» a la comisión creada por la Iglesia. Por ello, ha precisado que este acuerdo «abre una nueva vía acompañada».
En concreto, el mecanismo acordado prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes -garantizando «la intimidad y protección de datos»-, la cual trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo solicitado por la víctima.
La propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo y si hubiera disconformidad, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. En caso de que persistiera la disconformidad, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.
Tal y como ha explicado el ministro de Justicia, la «clave» del acuerdo consiste en que el Estado «fijará» la cantidad con la que se deberá indemnizar a las víctimas de abusos y la Iglesia la abonará.
BOLAÑOS: «EL ESTADO NO ABONARÁ NI UN CÉNTIMO»
«Esta es la clave del acuerdo al que hemos llegado esta mañana. El Estado decide la reparación y la indemnización, la Iglesia católica la paga», ha indicado Bolaños. «El Estado no abonará ni un céntimo», ha aseverado.
Bolaños ha asegurado que el acuerdo se ha alcanzado tras una «negociación compleja, ardua, dura y larga» donde finalmente han encontrado un «punto de equilibrio» y ha agradecido la mediación del Vaticano para lograrlo. En concreto, ha mostrado su agradecimiento a los Papas Francisco y León XIV y al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que «ha impulsado sin duda la existencia de este acuerdo».
«Han sido muy conscientes de la necesidad de la Iglesia en todo el mundo de establecer unos criterios de reparación para las víctimas y de hecho han creado una comisión pontificia para ello. Ese trabajo del Vaticano tiene hoy reflejo en España con este acuerdo», ha enfatizado.
Además, por medio de este acuerdo, el Ministerio se compromete a promover «las modificaciones precisas para la aplicación de exenciones fiscales a las reparaciones que se reconozcan a todas las víctimas».
En cuanto al plazo, el ministro de Justicia ha afirmado que «en ningún caso la voluntad del Gobierno es que este límite temporal pueda ser un problema para nadie» y que «si es necesario extenderlo, se extenderá», pero ha señalado que «un año prorrogable a dos años es un tiempo más que suficiente para que todas las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia Católica puedan iniciar el procedimiento».
«Puede que el Estado haya llegado tarde, pero hoy lo hacemos con carácter retroactivo para todas las víctimas que puedan todas iniciar acciones ahora. Y reitero, ayer no tenían nada, porque todos estos hechos están prescritos», ha zanjado.
