Las Cortes de Castilla-La Mancha han rechazado este jueves la propuesta del Gobierno de España para cambiar el modelo de financiación autonómica, en un debate marcado por la defensa del Ejecutivo regional de un sistema basado en la igualdad y la solidaridad entre territorios, mientras la oposición ha culpado al presidente regional, Emiliano García-Page, de permitir su tramitación en el Congreso.
Durante el debate en las Cortes, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha fijado la ordinalidad como una línea roja para el Gobierno regional al considerar que es incompatible con el principio de igualdad, ya que implica que quien más tiene más recibe.
Ha rechazado el planteamiento actual por no haber sido negociado de forma multilateral y ha reprochado la falta de lealtad institucional y transparencia por parte del Ministerio de Hacienda.
Ruiz Molina ha reclamado la creación de un «fondo transitorio de nivelación» para las comunidades infrafinanciadas mientras se acuerda un nuevo sistema, al advertir de que la reforma no se va a resolver a corto plazo.
Asimismo, ha defendido la condonación de deuda, subrayando que Castilla-La Mancha sería la comunidad más beneficiada por habitante, con un ahorro estimado de 760 millones de euros en los próximos años.
NÚÑEZ CRITICA LA «AMBIGÜEDAD» DE PAGE
En segundo término, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que la propuesta del Gobierno de España «perjudica claramente a la región» y rompe principios básicos de igualdad entre españoles.
En este sentido, ha acusado al presidente autonómico de permitir este modelo con declaraciones que ha calificado de «ambiguas» y ha exigido un compromiso expreso para que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso voten en contra del modelo de financiación.
Núñez ha defendido un sistema común, solidario y pactado entre todas las comunidades y ha advertido de que recurrir el modelo después de aprobarlo no evitaría el daño para la región, y ha invitado a Page a anticiparse, pidiendo que sus «ocho diputados» en la Cámara Baja rechacen este «ataque».
EL PSOE DEFIENDE LA POSTURA DE PAGE
Desde el PSOE, su portavoz parlamentaria, Ana Isabel Abengózar, ha defendido que Castilla-La Mancha lleva «más de una década infrafinanciada» y ha asegurado que el nuevo planteamiento acordado sin multilateralidad no corrige este problema.
Ha subrayado que el debate afecta directamente a la sostenibilidad de la sanidad, la educación y los servicios sociales y ha acusado al PP de «generar ruido sin aportar alternativas».
En este contexto, ha salido en defensa de García-Page, al asegurar que ha sido «coherente y firme en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha», con independencia de quién gobierne en España, y que siempre ha reclamado un sistema de financiación basado en la igualdad y la solidaridad.
Ha reiterado que los socialistas defienden un modelo «justo, suficiente y solidario», basado en las necesidades reales por habitante y en el mayor coste de prestar servicios públicos en la región, y ha reclamado coherencia a los populares.
VOX CUESTIONA EL SISTEMA AUTONÓMICO
Por último, Vox, a través de su diputado Francisco José Cobo, ha cuestionado el propio sistema autonómico, al que ha definido como un «modelo fallido y agotado», a la vez que ha sostenido que la financiación autonómica ha sido utilizada tanto por el PSOE como por el PP para beneficiar al separatismo.
Al igual que el PP, Cobo ha pedido a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso que voten en contra del nuevo modelo.
RESOLUCIÓN PARA IMPUGNAR EL MODELO
Al término del debate, las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado la resolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con sus únicos votos, en la que se rechaza el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de España por su «carácter regresivo e injusto», al consagrar el principio de ordinalidad.
El texto insta al Gobierno regional a utilizar todas las vías jurídicas a su alcance para impugnar el modelo si sigue adelante y reclama que la negociación sea multilateral, con la participación de todas las comunidades autónomas de régimen común.
Asimismo, la resolución defiende que el futuro sistema garantice la igualdad en la prestación de los servicios públicos, con independencia del territorio o la capacidad económica, y exige la aprobación de un fondo transitorio de nivelación mientras no exista un nuevo modelo que corrija la infrafinanciación que sufre Castilla-La Mancha.
