Castilla-La Mancha se ha consolidado como la comunidad autónoma mejor valorada de España en la aplicación del sistema de dependencia, según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, tras informar al Consejo de Gobierno de los resultados que sitúan a la región en primera posición, con una puntuación de 8,25 sobre diez, y como una de las seis únicas comunidades que aprueban.
Durante su comparecencia ante los medios, García Torijano ha subrayado que el sistema regional atiende cada día a más de 82.000 personas, cuenta con 118.432 prestaciones y servicios activos y sostiene más de 27.500 empleos vinculados al sector. «Un sistema que funciona, responde y cuida», ha afirmado la consejera, quien ha destacado que la inversión prevista para 2026 se aproxima a los 700 millones de euros.
El liderazgo de Castilla-La Mancha, según García Torijano, «no se apoya en un único dato», sino en un rendimiento alto y transversal del sistema, acreditado por la máxima puntuación en 15 de los 20 criterios que analiza el Observatorio. «Castilla-La Mancha no es la mejor valorada por un titular aislado; lo es porque ha convertido la buena gestión en menos espera, más derechos y más cuidados», ha resumido.
Uno de los aspectos más destacados es la agilidad en la tramitación, con un tiempo medio de resolución de 165 días, frente a los 341 días de media nacional. «Resolver en menos de la mitad de tiempo que el conjunto del país no es solo un dato técnico; es la diferencia entre que un derecho llegue a tiempo o llegue tarde a una familia», ha señalado García Torijano.
La región también presenta una tasa de limbo en la dependencia del 4,1 por ciento, por debajo del 8,3 por ciento de la media estatal, y mejora la lista de espera total, con 6.041 personas y un 5,81 por ciento, frente al 11,1 por ciento nacional. Además, Castilla-La Mancha ofrece una cobertura superior a la media nacional, con 38,76 PIAs por cada 1.000 habitantes, frente a 34,14 en España, y un gasto público por persona dependiente de 6.432 euros, también por encima de la media estatal, situada en 6.015 euros.
García Torijano ha recordado que «el liderazgo no es fruto de la casualidad», sino que responde a «un compromiso que en el año 2015 el presidente Emiliano García-Page decidió asumir para dar respuesta a la situación que entonces existía en nuestra Comunidad Autónoma», cuando la valoración era de 4,6 puntos en el dictamen estatal. «Hemos pasado del suspenso al liderazgo en solitario, y ese cambio tiene una explicación muy clara: aquí las políticas sociales han sido una prioridad real de Gobierno», ha señalado.
La consejera ha defendido que el Sistema de Dependencia es hoy también una herramienta de cohesión territorial y generación de empleo, especialmente en una comunidad marcada por el envejecimiento, la dispersión geográfica y la realidad del medio rural. Según el Dictamen, el sistema generó 1.303 nuevos empleos en 2025 y supera la media nacional en creación de empleo por millón invertido.
García Torijano ha insistido en que estos resultados permiten a Castilla-La Mancha exhibir liderazgo, pero también seguir reclamando una financiación justa por parte del Estado. Ha recordado que la Comunidad Autónoma asume en torno al 71 por ciento del coste del sistema, muy por encima del reparto de corresponsabilidad financiera previsto en la Ley de Dependencia. «Queremos seguir trabajando para mantener un sistema estable y de respuesta a la ciudadanía, y eso requiere no solo voluntad política y el esfuerzo sostenido de estos años, sino también la colaboración del Gobierno de la Nación, que debe asumir su parte de financiación para garantizar la estabilidad y continuidad de estas políticas», ha añadido.
La consejera ha concluido su intervención trasladando el reconocimiento del Gobierno regional a los profesionales, a los servicios públicos, a las entidades del Tercer Sector y a todas las personas que sostienen cada día el Sistema de Dependencia en Castilla-La Mancha.
