El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido dar un paso más en su enfrentamiento con el Estado por la gestión del trasvase Tajo-Segura y ha aprobado la interposición de un recurso contencioso-administrativo para exigir la aplicación de las nuevas reglas de explotación. Una decisión que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha calificado de “dura”, al implicar denunciar a un Ejecutivo del mismo signo político.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado que esta medida busca “darle un empujón al Estado” ante la falta de avances, denunciando además la ausencia de interlocución directa con la ministra Sara Aagesen. Según ha señalado, el presidente regional lleva más de seis meses esperando una reunión, mientras que ella misma afirma llevar más de un año sin ser recibida.
El Ejecutivo autonómico justifica la demanda por el deterioro ambiental del río Tajo y el incumplimiento de los caudales ecológicos, así como por un balance hídrico negativo derivado del trasvase. Gómez ha advertido de que esta situación está provocando “un daño ecológico irreparable” en varios espacios protegidos de la Red Natura 2000.
En este sentido, ha detallado que en el último trimestre de 2025 se registraron caudales por debajo de los mínimos establecidos, con cifras de 6,39 m³/s y 5,68 m³/s frente a los 7,9 m³/s fijados, lo que evidencia, a su juicio, “un modelo de gestión no sostenible”.
Por su parte, García-Page ha ido más allá al alertar de que la falta de cumplimiento de las sentencias podría interpretarse incluso como “delito ecológico”, subrayando que la Junta ha esperado “más de un año” antes de recurrir a los tribunales. “Estamos rozando el delito ecológico”, ha afirmado.
A pesar del conflicto, el presidente regional ha mostrado su deseo de que se alcance una solución que permita incluso retirar el recurso: “ojalá haya solución”.
Desde la Junta insisten en la necesidad de modificar las reglas de explotación para garantizar la recuperación del Tajo. Según sus cálculos, la aplicación de estas normas permitiría reducir hasta un 40 % el volumen trasvasado en 2027, preservando recursos hídricos y mejorando el estado de los ecosistemas.
En los 47 años de funcionamiento del trasvase, se han derivado más de 15.148 hectómetros cúbicos —equivalentes a 15.148 piscinas olímpicas—, una cifra que el Gobierno regional considera insostenible a largo plazo. Además, advierten de que, pese a la actual situación de lluvias, la disponibilidad de agua es “un espejismo”.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto a la espera de resoluciones judiciales y posibles negociaciones, en un escenario en el que Castilla-La Mancha eleva la presión para cambiar el modelo de gestión del Tajo.
